La presencia del sector industrial del Estado en Asturias, que aún mantenía 54.520 empleos directos en la región en 1978, quedará reducido pasado mañana a los 3.480 trabajadores de la empresa estatal hullera Hunosa, una vez que el viernes se materialice la venta en documento privado del astillero público Izar Gijón a Factorías Vulcano, de Vigo, y que quedará pendiente tan sólo de su ratificación por el Consejo de Ministros. En los próximos cuatro años, la contribución directa del Estado al empleo industrial asturiano aún deberá reducirse otro 41,32 por ciento, para situarse, a fines de 2010, en 2.042 empleos, según el plan pactado meses atrás por la compañía estatal del carbón y los sindicatos. Entre 1946 y la intensa política de privatizaciones aplicada en 1996, el Estado, a través del Instituto Nacional de Industria (INI), del que es heredera la actual Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), produjo en Asturias chatarra, aluminio, acero, armamento, carbón, fertilizantes, electricidad, barcos y también fabada en lata y embutidos. Además, y a través de Tabacalera (actual Altadis), entonces propiedad del Patrimonio del Estado, el sector público fabricó cigarros en Gijón hasta el cierre y traslado de esta factoría a Santander el 31 de julio de 2002, tras 159 años de historia y cuando aún daba ocupación a 257 trabajadores. El desplome del peso industrial del Estado en Asturias se produjo como consecuencia de dos fenómenos sucesivos -y en algún caso simultáneos-, como fueron los fortísimos ajustes acometidos en aquellos sectores en crisis en los que era hegemónico el INI, y cuya reconversión se acometió a partir de 1983, y la política de privatizaciones, que se intensificó sobremanera a partir de 1996. Actividades como la minería hullera estatal, que llegó a tener 26.294 mineros en 1970, sólo en Hunosa, y cuando aún no se había estatalizado Minas de Figaredo, ha quedado reducido a los 3.480 puestos de trabajo actuales, sumadas ambas compañías, hoy integradas en una sola. La siderurgia, que alcanzó los 26.000 trabajadores en 1975, se sitúa en 7.050. Un fenómeno similar se produjo en otros sectores productivos, como los astilleros. La intensa política de privatizaciones, que arrancó de forma tímida con gobiernos del PSOE (Enfersa se privatizó en 1989) y que se aceleró de forma contundente con el PP, -entre 1996 y 1997 el sector público industrial redujo su presencia en Asturias de 23.000 a 11.000 empleos- acabó por limitar la presencia estatal a su mínima expresión: un astillero y las minas de hulla supervivientes de la reconversión de la cuenca central asturiana. La venta ahora del astillero Izar Gijón (la antigua Juliana Constructora Gijonesa), forzada por la UE tras descubrir que el anterior Gobierno había inyectado ayudas públicas no autorizadas para sostener a los astilleros civiles del grupo Izar, supone la renuncia por la SEPI al último activo vendible de su grupo industrial en Asturias. Hunosa, su último reducto productivo, nació por la nacionalización de minas en quiebra o en trance de tal y desde su constitución, en 1967, jamás ha sido rentable. El peso del Estado El sector público industrial de titularidad estatal aún suponía en 1988 el 12 por ciento del empleo regional (el 26,6 por ciento, sumado el empleo inducido) y el 19,8 por ciento del valor añadido bruto regional (el 40,8 por ciento, entre directo e indirecto). El peso del Estado en la estructura productiva asturiana se acrecentó a medida que el régimen franquista introducía sesgos liberalizadores en su política económica. La presencia del INI fue un intento por parte del Estado de que una de las economías más protegidas de España, la asturiana, no sucumbiera al quebranto como consecuencia del abandono por el franquismo de su ideología autárquica, una vez que en 1957 ésta se demostró fracasada. De manera que si en 1946 Asturias apenas absorbía el 3,99 por ciento del inmovilizado total del INI en España, en 1955 -en plena «década bisagra», según algunos economistas, marcada por los primeros síntomas aperturistas, como fue la autorización dos años antes de la presencia de multinacionales como la Coca Cola- ya representaba el 8,62 por ciento y en 1976, unos meses después del fin de la dictadura, había llegado al 19,85 por ciento. Por el medio se había producido la gran operación de salvamento de sectores y empresas, caso de la nacionalización de las minas de carbón y la de la compañía siderúrgica gijonesa Uninsa. Aunque desde entonces el empleo directo del INI en la industria asturiana no dejó de decrecer en términos absolutos, la mayor lentitud con que se acometió ese proceso de ajuste del sector público en Asturias permitió que, paradójicamente, aumentase el peso relativo de Asturias en el INI. De manera que entre 1982 y 1991, mientras el empleo directo del INI se redujo en Asturias el 25 por ciento (pasó de 49.728 a 37.267 trabajadores), Asturias, que en 1982 representaba el 17,78 por ciento del empleo total del Instituto Nacional de Industria, acrecentó esa posición en 1991 hasta el 26,19 por ciento. Fue lo que la literatura económica se dio en llamar «Inilandia».
La nueva España
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