Empleo en España

Noticias de actualidad sobre el Empleo en España.


Sí al contrato único y fijo

La crisis económica no tiene un origen laboral. No obstante, España está sufriendo una destrucción de empleo muy superior a la observada en la mayoría de los países desarrollados. Con una tasa de paro cercana al 15%, y que podría alcanzar el 20% durante los próximos meses, es urgente atacar las causas que generan una destrucción de empleo tan intensa. Ni las medidas de estímulo fiscal ni las de fomento del empleo -por ejemplo, las subvenciones a la contratación ya aprobadas- serán eficaces si no se corrigen los principales problemas que provocan un funcionamiento tan ineficiente de nuestro mercado de trabajo.

Es deseable actuar en cuatro frentes a la vez. Por una parte, es necesario reducir la alta volatilidad del empleo generada por un mercado de trabajo dual, en el que desde hace más de dos décadas alrededor del 30% de los asalariados tiene un contrato temporal. En las fases expansivas del ciclo económico, este modelo genera una fuerte creación de empleo, si bien concentrada en sectores de baja productividad, mientras que en las fases recesivas exacerba la destrucción de empleo. Esto es así porque la regulación vigente induce a las empresas a hacer frente a las fluctuaciones económicas mediante la rotación laboral, en lugar de buscar alternativas como los cambios en la organización del trabajo.

Este aspecto se ve reforzado por el segundo problema: una negociación colectiva muy rígida, demasiado centralizada en algunos casos e insuficientemente coordinada en otros. En tercer lugar, los mecanismos de protección a los parados no alcanzan una cobertura suficiente, a la vez que en algunos casos desincentivan la búsqueda de empleo, alargando innecesariamente la duración del paro. Por último, España tiene grandes carencias en las políticas activas que persiguen ayudar a los parados en su búsqueda de trabajo.

Para acabar con la dualidad laboral es preciso simplificar el actual menú de contratos de trabajo con indemnizaciones por despido tan diferentes. Salvo por el contrato de interinidad, para la sustitución de trabajadores en baja temporal, el resto de los contratos temporales debe desaparecer. Simultáneamente debe introducirse un único contrato indefinido para todas las nuevas contrataciones, con una indemnización por año de servicio creciente con la antigüedad. La introducción de este contrato unificaría las causas del despido, manteniendo la tutela judicial para los despidos por razones discriminatorias.

Así, los trabajadores contarían con un contrato indefinido desde el principio de la relación laboral, mientras que los empresarios no se enfrentarían con la enorme brecha existente entre el bajo nivel de la indemnización de los contratos temporales (8 días de salario por año y en algunos casos incluso nada) y el alto nivel de protección de los contratos indefinidos actuales. Este diferencial es el factor inductor de la excesiva rotación. Por tanto, este contrato ayudaría también a reducir la grave desigualdad de oportunidades que sufren determinados colectivos, especialmente los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, que son los más afectados por la excesiva rotación laboral. Es posible que esta medida también favoreciese un despegue de la contratación a tiempo parcial, desalentada hasta ahora en nuestro país por el excesivo uso de la temporalidad.

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Turismo del Partido Popular en el Senado, Agustín Almodóbar, acusó hoy al Gobierno de practicar una política de "indiferencia" y de no tener una política turística definida para un sector, que podría perder 100.000 empleos hasta mayo, si el Ejecutivo no pone en marcha "medidas urgentes" para garantizar su competitividad a medio y largo plazo.

Durante su intervención en el Senado, tras la comparencia del secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, Almodóbar denunció que la confianza del sector turístico se sitúa en su nivel más bajo desde 2002, por lo que no descartó que de continuar el actual deterioro económico algunas empresas puedan llevar a cabo "drásticos recortes" de plantilla.

En total, cifró en 100.000 empleos los que se podrían extinguir, lo que representa el 6% de la ocupación que emplea actualmente el sector y del que depende directamente cerca de dos millones de personas.

"Ante la situación de profunda crisis que estamos atravesando, es obligación del Gobierno actuar con prontitud e inteligencia y es su deber desarrollar planes, cuando los vientos soplan favorablemente, para no tener que lamentar después la falta de competitividad, ni la desaparición de empresas, ni la destrucción de puestos de trabajo", señaló Almodóbar.

"Usted no es sólo el responsable de la política turística, también es responsable de la primera industria exportadora española y generadora de empleo y consumo", le espetó a Mesquida.

Por ello, el senador 'popular' solicitó al Gobierno rebajas fiscales que favorezcan la competitividad de las pymes turísticas; medidas laborales, que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo; la supresión de las tasas aeroportuarias; y la aplicación de técnicas de promoción dirigidas directamente a los consumidores para promover el turismo español.

"Se están destruyendo empleos todos los días en este sector y éste se puede ir al traste si no se toman medidas de forma urgente", apuntó Almodóbar, quién aseguró que es uno de los sectores más afectados por el desempleo.

El portavoz del PP lamentó que el Ejecutivo "se esté aprovechando la inercia de la coyuntura internacional, pero no esté construyendo las bases para lograr el éxito a medio y largo plazo". "El Gobierno no se ha preocupado en dinamizar el sector más competitivo de la economía española y en el que siempre hemos ostentado posiciones de liderazgo", afirmó.

Como receta, Almodóbar propuso centrarse en los mercados tradicionales europeos, antes de que otros países, directamente competidores de España en materia turística, "se lleven una porción sustancial del mercado turístico español".

Así, recordó que el 66% de los turistas que recibe España procede del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, "lugares cercanos y de fácil conexión", por lo que abogó por promocionar la oferta española en estos mercados, frente a otros países lejanos. "Lo que el sector turístico necesita en este momento son proyectos a corto plazo", insistió.

"IMPRESCINDIBLE" REDUCIR TASAS AÉREAS.

Sobre la cuestión de las tasas, cuestión que no depende de las competencias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sino del Ministerio de Fomento, Almodóbar afirmó que la rebaja de las mismas es "fundamental" para impulsar el turismo, por lo que hay que emprender acciones que eviten la pérdida de enlaces aéreos con España.

"Volar en España resulta muy caro y es el país con las tasas más elevadas", aseguró el senador 'popular', quién consideró "imprescindible" reducirlas, medida que ya ha sido apoyada por un informe relativo al impacto del turismo en el desarrollo de las regiones costeras.

Empleo, ¿Apto para mayores de 65 años?

Un trabajador de edad avanzada limpia el símbolo del euro situado frente a la sede del BCE en Frankfurt.

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¿Tendrán pensión de jubilación los que trabajan hoy? ¿Será necesario trabajar más allá de los 65? La duda, alimentada por el incesante envejecimiento de la población y avivada esta semana por la polvareda ocasionada por las declaraciones del gobernador del Banco de España, planea sobre las personas que han ingresado en el mundo laboral los últimos años como si todas ellas estuvieran condenadas a resignarse a la materialización de un destino escrito que les conduce a un futuro sin prestaciones.

La respuesta oficial del Gobierno español -las pensiones están garantizadas hasta 2030 , pese a las reservas que ocasiona la crisis y la reducción de la previsión de ingresos en la Seguridad Social- exprime toda la ambigüedad que se le supone a una cuestión anclada a aspectos tan imprevisibles como la evolución de los ratios de natalidad, la llegada de inmigrantes o el constante incremento del umbral de mortalidad.

La fecha suena lo convenientemente remota para ser tranquilizadora a pesar de proyectarse a tan sólo 21 años vista. Ese horizonte adquiere un tono más grisáceo si se hace la sencilla operación de sumar cuántos ciudadanos de la comunidad vasca y navarra se jubilarán en torno a ese año. A efectos prácticos unos 700.000 vascos que a día de hoy están en condiciones de trabajar no tienen garantía de cobrar pensión una jubilación.

horizonte 2030

¿Pensiones garantizadas?

¿Qué sucederá además a partir de 2030 con los que ya sean pensionistas si el aumento de la esperanza de vida hace que lógicamente se cobre la jubilación durante más tiempo? Si bien no existe consenso entre los agentes sociales a la hora de trazar el horizonte de viabilidad del sistema -por qué no situarlo en 2035 o en 2025, como ha hecho Miguel Ángel Fernández Ordóñez, si se agravan los lastres del modelo-, sí hay una lectura compartida en torno a la necesidad de reformar el modelo.

De hecho, la postura relativamente pasiva del Ejecutivo central resalta que el principal problema para abordar esa modificación no son los plazos o la proyección en el tiempo del actual superávit de la Seguridad Social (53.000 millones, según el ministro de Trabajo), sino que obedece más a las notables diferencias que separan a patronal y sindicatos, los actores más importantes en una red asistencial que se nutre de las cotizaciones aportadas por trabajadores y empresarios.

El Gabinete Zapatero no quiere entrar en ese terreno. Mientras el ministro de Fomento, José Blanco, amaga pero no golpea con una afirmación extemporánea -se puede trabajar más allá de los 65- acompasada con otra más conservadora -ahora no toca explorar esa posibilidad-, el ministro de Empleo, Celestino Corbacho, "discrepa radicalmente" con el análisis que hace Fernández Ordóñez del sistema y sin embargo no se pronuncia en concreto respecto a la posibilidad de retrasar la edad de jubilación.

base del sistema

Aportaciones laborales

Si el sistema de prestaciones por jubilación se sustenta en esas aportaciones, la ampliación de su viabilidad sólo tiene, aplicando brocha gruesa , posibilidad de recorrer dos caminos que pueden incluso llegar a ser compatibles: aumentar la edad de jubilación más allá de los 65 años, la medida más controvertida para los trabajadores, o subir el porcentaje del sueldo destinado a las cotizaciones, la más gravosa para las empresas si tienen que asumir el coste en exclusiva. Sobre la mesa hay otras reflexiones, poner freno a las prejubilaciones -la edad media real de abandono de la vida laboral se sitúa en torno a los 63,5 años-, simplificar los regímenes de cotización o inyectar recursos públicos destinados a día de hoy a otros aspectos del estado de bienestar, pero la viabilidad del sistema pasa, a tenor de las opiniones de centrales sindicales y asociaciones empresariales por incrementar los fondos destinados a la caja desde la que se distribuyen las pensiones.

recesión económica

Crisis en los planes pensiones

La crisis establece un nuevo elemento de presión a los autoridades para acometer la reforma del sistema ya que en los últimos meses se han volatilizado en todo el planeta tres billones de euros invertidos en planes privados de jubilación, casi una cuarta parte del volumen total. Fernández Ordóñez consideró en su intervención en el Congreso que es "absurdo" negar que hay un problema en el sistema público de pensiones. Es cierto que gran parte de los planes privados están ligados a la bolsa e incluso algunos han estado expuestos a las hipotecas subprime ; pero si el sistema de prestación voluntaria se resiente por la crisis, el público, patrocinado por unos gobiernos que han abierto la hucha de los ahorros, no es impermeable a la situación general.

reformas europeas

Escenario en movimiento

La tónica es similar en toda Europa. De hecho, la mayoría de los países de la Unión han acometido reformas de sus modelos de pensiones en las dos vías posibles. Alemania asegura haber reducido su gasto en pensiones con un retraso gradual de la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, una variación de dos años que ha podido surtir efecto en la locomotora europea gracias a su volumen poblacional y al alto porcentaje de inmigrantes en edad laboral, pero que parece excesivamente escasa para trasladar al Estado español.

Francia, Polonia, Finlandia y Portugal han incrementado el número de años cotizados sobre los que se calcula la pensión. La base se sitúa aquí en los últimos 15 años, un aspecto que penaliza a los trabajadores de más de 50 que se quedan sin empleo aunque su vida laboral se remonte varias décadas atrás.

En otros países como Suecia se ha apostado por aumentar las bases de cotización. Una medida que pasa por mejorar los ratios de productividad de los trabajadores e incluso ajustar salarios. Europa se mueve, España, de momento, no.

Con el objetivo de conocer la situación del empleo en colectivos tan sensibles como el de los discapacitados, los inmigrantes o las mujeres ante la actual coyuntura económica, el Club LA NUEVA ESPAÑA de Gijón y la Cátedra Jovellanos de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo han organizado para el próximo miércoles, día 22, a las 19.30 horas, una nueva jornada de debate en el marco del ciclo «Frente a la crisis».

En la mesa redonda convocada para ese día se analizará la situación del empleo de estos sectores de población tan sensibles siempre a cualquier tipo de cambio en el mercado laboral. Intervendrán: María Antonia Chaves Valles, mujer trabajadora y empresaria; Francisco Menéndez Solís, director general del Centro Especial de Empleo de APTA, y Arancha Mouriz, de la sección inmigración de Cáritas Asturias. La entrada es libre.

El ciclo «Frente a la crisis» se presenta como un foro de encuentro donde jóvenes empresarios de la región, personas o instituciones del ámbito económico asturiano y de la Universidad puedan exponer su visión acerca de la realidad económica actual, la situación del empleo, la investigación y la creación de empresas.

En sus intervenciones, los expertos reunidos por LA NUEVA ESPAÑA y la Cátedra Jovellanos de Extensión Universitaria tratarán de ofrecer propuestas útiles que sirvan a las empresas para afrontar la situación económica actual. La primera sesión, celebrada el pasado 18 de marzo, estuvo presidida por el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor. Todos los actos están abiertos al público.

Datos

Temática

La situación del empleo en colectivos especiales. El debate se celebrará el día 22, a las 19.30 horas, en el salón de actos de la Cátedra.

Ponentes

María Antonia Chaves (mujer trabajadora y empresaria); Francisco Menéndez Solís (director del Centro Especial de Empleo de APTA) y Arancha Mouriz (Cáritas inmigración).

Multimillonaria bolsa para relanzar el empleo en Euskadi

La transferencia de las políticas activas de empleo al País Vasco, prevista en el acuerdo entre socialistas y populares para propiciar la elección de Patxi López como lehendakari, no sólo será muy posiblemente la primera de un nuevo tiempo político tras la salida de Ibarretxe. Además de romper un histórico desacuerdo entre Madrid y Vitoria, prolongado durante dos décadas, abrirá la puerta a que el Ejecutivo autónomo gestione una enorme bolsa de dinero: entre 170 y más de 400 millones de euros, atendiendo en un caso a las tesis mantenidas hasta ahora por la Administración central y en otro a los cálculos defendidos por los nacionalistas, partidarios de financiar la competencia por la vía del Concierto Económico.
El desacuerdo entre ambos gobiernos sobre los criterios para llevar a cabo la transferencia, un desencuentro que el PNV amenaza con perpetuar ahora desde la oposición, ha sido la causa de que la comunidad autónoma vasca sea la única de España que no gestiona las políticas activas de empleo, materia que abarca una amplia gama de servicios y actuaciones de apoyo a los parados y a los trabajadores. Algunas, incluso, han sido duplicadas por el Gabinete Ibarretxe en los últimos años, como el Servicio Vasco de Colocación -Lanbide-, que ha abierto ya nueve oficinas de atención a los desocupados.
Las políticas activas de empleo incluyen la intermediación laboral -recibir ofertas y demandas para cubrirlas-; la orientación de los desempleados, potenciada en los últimos meses a raíz de dispararse las cifras de paro -en Euskadi eran 121.000 a finales de marzo y, por quinto mes consecutivo, el incremento fue superior a la media española-; la formación de los desocupados para mejorar su empleabilidad; los programas que facilitan la inserción; la subvención a las contrataciones, que se lleva la parte del león; la formación continua o reciclaje de los ocupados, y las escuelas taller y casas de oficios.
Estas actuaciones son realizadas en Euskadi por el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo Inem, y a ellas dedica, según cálculos no confirmados oficialmente por el organismo, no menos de 170 millones, incluidos los gastos corrientes y de personal. Aunque cristalice la transferencia, en sus oficinas se seguirán gestionando las prestaciones de paro, que no van a ser traspasadas, y las cuotas de desempleo recaudadas a través de la Seguridad Social.
El servicio público gestiona aproximadamente 75 de cada 100 euros que se gastan en el País Vasco en políticas activas de empleo, estima el Consejo Económico y Social vasco, el CES. Otro 11% lo aporta el Gobierno autónomo, que hasta ahora ha tenido sus propias directrices, mientras que las diputaciones tienen programas que cubren el 6% y los entes locales, otro 3%. El resto, cerca del 5%, corresponde a iniciativas de sindicatos, patronales, instituciones privadas sin ánimo de lucro y centros de formación.
Dificultades
El traspaso de esta competencia, que incluye la gestión del empleo del Instituto Social de la Marina (ISM), una asignatura pendiente de los gobiernos vasco y central desde hace veinte años, permitirá a juicio de responsables sindicales y políticos de distinto signo «evitar duplicidades y mejorar la gestión».
La decidida voluntad del PSE y del PP de aceptar la gestión de esta transferencia, que Madrid ofrece desde hace años, pasa por alcanzar un acuerdo financiero que sea asumible por el Gobierno de Patxi López, un reto que entraña notables dificultades dada la enorme distancia entre lo que ha propuesto tradicionalmente la Administración central y lo que han venido reclamado hasta ahora los partidos nacionalistas.
El Departamento de empleo del Gobierno vasco, aún en manos de Eusko Alkartasuna, estima que la diferencia entre ambas propuestas podría rebasar los 200 millones, según el viceconsejero de Trabajo en funciones, Juan José Loroño, negociador directo entre ambos ejecutivos en las dos últimas legislaturas: los 170 ofrecidos y los más de 400 en los que se sitúa el techo de la transferencia, aunque esta cifra no se ha llegado a exigir en su totalidad en la última negociación.
El desacuerdo se asienta en dos capítulos. Por un lado, el Gobierno vasco estima que si aplicara la vía del Concierto Económico, Euskadi debería recibir al menos 240 millones -tras renunciar a algunas partidas, como las procedentes del Fondo Social Europeo- para políticas activas, sin incluir la formación continua ni las bonificaciones al empleo pagadas a las empresas mediante descuentos de sus cuotas a la Seguridad Social. Cifra que contrasta, asegura Vitoria, con los 125 millones que gasta el Inem al año en el País Vasco en esta materia.
El otro punto de desencuentro, también frontal, son las cuotas sociales para formación, que pagan empresarios y trabajadores. Por la vía del Cupo, esta partida alcanzaría 123 millones de euros atendiendo a los cálculos de la consejería que todavía dirige Joseba Azkarraga, una cantidad semejante a la que se recauda por ese concepto en la comunidad autónoma, mientras que por el procedimiento actual y las asignaciones directas a las empresas -que descuentan de sus cuotas a la Seguridad Social- no se alcanzan los 40 millones. Una diferencia muy importante que, a juicio de Loroño, significa que «en formación continua se nos pide un esfuerzo de solidaridad demasiado elevado».
No obstante, hay que tener en cuenta que parte de estas cuotas va destinada a formación ocupacional, que gestiona el Inem. La diferencia es de concepto, ya que mientras los socialistas sostienen que las cuotas de formación profesional son 'Seguridad Social' y, por tanto, no transferibles, los nacionalistas niegan la mayor, ya que «en la Ley de Seguridad Social no aparece la formación», asegura Loroño.
Fórmula mixta
Fuentes políticas y sindicales no descartan que, con la llegada del Gobierno de López, se busque una fórmula mixta de financiación que consistiría en aplicar el Cupo a algunas partidas y un convenio especial a otras. Hasta la fecha, la distribución de fondos para políticas activas de empleo a las comunidades autónomas ha utilizado dos criterios, la tasa de paro y el número de desempleados. En la actualidad, Euskadi tiene un nivel de desempleo más bajo -9,2% frente al 13,9% del conjunto de España-, lo que conllevaría una asignación de fondos por debajo de la que le correspondería vía Cupo.
Pero rechazar este criterio es un arma de dos filos, señalan los medios consultados, porque puede beneficiar al País Vasco cuando su tasa sea más elevada que la del resto de España, como ya sucedió a principios de los noventa o en la reconvesión de los ochenta; en ese momento, Euskadi gastaba más del 25% de todos los fondos nacionales destinados a políticas activas de empleo. Por otro lado, recuerdan sectores no nacionalistas, los criterios de solidaridad que utiliza el sistema de Seguridad Social no siempre perjudican a Euskadi, una de las regiones más ricas de España, ya que en capítulos como el de las pensiones, la comunidad autónoma llevaría varios años acumulando importantes déficits si fuera gestionada aparte, fuera de la caja común.

Zapatero: Habrá menos destrucción de empleo

Efe - Madrid - 18/04/2009

Zapatero se ha referido a la situación económica de España en su intervención ante el Comité Federal del PSOE que ratificará la lista de ese partido para las elecciones europeas del 7 de junio.

El líder socialista ha asegurado que su Gobierno ha sido uno de los más activos en el combate contra la crisis con la aprobación de una serie de medidas que están ahora empezando a desplegar sus efectos.

"Se van a empezar a notar -ha explicado- en un menor ritmo de destrucción de empleo, a pesar de que la recesión general aún no ofrece señales claras de remisión y a pesar de que seguimos inmersos en la fase aguda de la crisis".

El jefe del Gobierno ha destacado el objetivo básico de todas esas medidas de preservar la cohesión social y mantener las políticas sociales y la protección social.

"No hay hoja de ruta más segura, fiable y previsible para los ciudadanos que la que es coherente en cada momento con los principios y valores que uno profesa, esto es la que a nosotros nos ha llevado a aprovechar los años buenos para reforzar el Estado Social y, ahora, a servirnos de ese reforzamiento para transitar por este periodo difícil", ha subrayado.

A su juicio, la derecha no habría hecho ni una cosa ni otra, momento en el que ha advertido de las voces que defienden la flexibilidad laboral y reprochan el aumento del gasto público.

Frente a ellas, ha recordado que su Gobierno ha sido el primero de la democracia que consiguió superávit presupuestario durante sus cuatro primeros ejercicios y el que más intensamente redujo la deuda pública hasta situarla veinticinco puntos por debajo de la media europea.

Además, ha puntualizado que su Gobierno es socialista, y, por tanto, comprometido sobre todo con los que menos tienen, con quienes se encuentran en una situación más frágil y con quienes sin encontrarse en esa situación tienen la suficiente sensibilidad social para apreciar esa política.

"A los guardianes de la ortodoxia, a muchos políticos de la derecha tan proclives a dar lecciones -ha añadido-, les digo que nosotros, los socialistas, nos sentimos especialmente comprometidos con todos esos ciudadanos y que lo vamos a seguir estando".

También se ha dirigido a ellos para pedirles que antes de proclamar sus recetas y dramatizar sobre el gasto público y el déficit, dediquen al menos cinco segundos a ponerse en el lugar de quienes acaban de perder su empleo.

Para Zapatero, "el déficit público se va a resolver sin ninguna duda en el medio plazo, pero hay otros déficit que son irreparables".

Tras ensalzar el papel de los socialistas como principales valedores de los más afectados por la crisis, ha asegurado que le obsesiona la destrucción de empleo y la recuperación del crecimiento mediante un nuevo ritmo al que ha dicho que responde la reciente remodelación ministerial.

Zapatero ha aprovechado para elogiar la labor de los ministros salientes y la valía de los entrantes y para expresar su "estupor" por el hecho de que el líder del PP, Mariano Rajoy, haya dicho que es malo para España el Fondo de Inversión Municipal que va a permitir obras en los ayuntamientos por valor de 8.000 millones de euros.

Suman ya 3 millones los desempleados en España

En octubre, el número de desempleados en España rozó el techo de los 3 millones, según información difundida por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, cifra que representa el nivel más alto desde abril de 1996.

Así, en menos de un año el mercado laboral español ha pasado de ser el más dinámico de Europa en la creación de empleos, a acumular en la recta final de 2008 el mayor número de desocupados en 12 años, según las cifras divulgadas por la dependencia.

El gobierno achacó a la crisis financiera internacional el fuerte aumento del desempleo en España, y subrayó la preocupación del Ejecutivo por esta evolución, que trata de paliar con medidas como las anunciadas el lunes por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

“Los datos son preocupantes y reflejan la repercusión directa de la crisis financiera internacional en España”, dijo la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo.

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo de España subió en octubre en 192 mil 658 personas, 7.3 por ciento, hasta un total de 2 millones 818 mil 26, según reporte del Ministerio de Trabajo e Inmigración, dado a conocer hoy.

La reducción drástica de los carteles colocados en las puertas de los comercios pidiendo personal se ha convertido en un indicador de la crisis económica. Las tiendas y centros comerciales de Catalunya han reducido ya su plantilla global de unas 400.000 personas en 12.888 puestos de trabajo en el periodo de enero a septiembre, según los datos aportados ayer por el sindicato UGT.
El ajuste laboral se ha producido en un goteo de no renovaciones de contratos temporales y de despidos individuales que en algunos casos incurren en fraude al no presentar el preceptivo expediente de regulación de empleo (ERE), según explicó ayer Óscar López, secretario general de la Federación de Comercio de la UGT de Catalunya.

8.000 VACANTES ESFUMADAS
Por ahora, no se observa una mortandad de comercios más elevada de la habitual. La necesidad de adelgazar la plantilla, debido a un descenso de las ventas que los empresarios cifran en el 10%, y la abundancia de parados de otros sectores dispuestos a trabajar en el comercio han hecho que las 8.000 vacantes que tenía hace unos meses el comercio de Catalunya se hayan esfumado. Puede ser el preludio de un recorte de 25.000 empleos, según las previsiones de la Confederació de Comerç.
Las perspectivas para la campaña de Navidad son poco alentadoras puesto que nueve de cada 10 empresas no tienen planes de realizar contrataciones de refuerzo, según un sondeo de UGT entre sus delegados.
La ETT Adecco ha advertido de que prevé un descenso del 10% en las contrataciones navideñas y de las rebajas de enero, que en el 2007 ascendieron a 125.529 en España. La campaña de los próximos meses supondrá un leve incremento del 5%, que en algunas autonomías será nulo, en las peticiones de personal a la ETT respecto al resto del ejercicio.
Como resultado, los dependientes se verán obligados a trabajar unas 50 horas extras este año, lo que empeorará la difícil conciliación de la vida laboral y familiar en el sector. En este contexto, las dificultades de algunas empresas para conceder reducciones de jornada por maternidad han disparado las reclamaciones judiciales. El 27% de las empleadas que piden el cambio lleva el caso al juzgado, según UGT.

Protestas de los trabajadores de Nissan y Pirelli

La Generalitat ha vivido un día duro en la lucha por la supervivencia del sector del automóvil en Cataluña. En la sede de la Generalitat se han reunido los ministros de Trabajo e Industria con el Gobierno de Cataluña. Fuera esperaban los trabajadores de Nissan protestando por conservar su trabajo. Se quejan porque dicen que los políticos les dejan de lado.

No sólo sufre Nissan. Hay más empleos que penden de un hilo. En Pirelli, 280, un tercio de la plantilla. Exigen a los directivos que demuestren la mala situación de la empresa, que ha registrado beneficios en los últimos años. En sólo seis semanas diez mil trabajadores catalanes se han visto afectados por una regulación de empleo.

Para protestar por esta situación, mil trabajadores de Nissan se han concentrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona en contra el expediente de regulación de empleo presentado por la multinacional hace una semana.

La concentración ha coincidido con la reunión que la consellera de Trabajo, Mar Serna, y el conseller de innovación, Josep Huguet, han mantenido junto a los ministros de Trabajo e Industria, Celestino Corbacho y Miguel Sebastián, respectivamente, para coordinar soluciones en la crisis del sector de la automoción.

Javier Donate, presidente del Comité de empresa de Nissan, se ha quejado del trato recibido por las autoridades: "se nos está ignorando, todo son declaraciones y no hay fechas de reuniones".

Por lo demás, Donate es escéptico las promesas: "la administración tiene que olvidarse de un futuro cercano basado en el coche eléctrico". A su juicio, el coche eléctrico no es una alternativa "efectiva", sino una "utopía que no garantiza el empleo".


Por segundo día consecutivo los trabajadores de la empresa ONO pararon ayer en Algeciras cuatro horas como medida de protesta por la política de reducción de personal que contempla a nivel nacional la empresa y en el que se verían afectados 1.300 personas, que representan el 33 por ciento de los 4.298 trabajadores.

En el centro que la empresa tiene en Algeciras, donde trabajan catorce personas, de ellas nueve técnicos, el recorte de plantilla afectaría, como mínimo, a cuatro trabajadores, según destacó ayer Roque Gómez Rey, delegado sindical de UGT y miembro del comité intercentros de Cádiz.

El representante sindical destacó la falta de voluntad por parte de la empresa, con la que se mantuvo una reunión la pasada semana, de llegar a un acuerdo con los sindicatos. Gómez criticó la intención de llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por los problemas que la dirección de la empresa dice que tiene y que "achaca a la crisis".

Sin embargo "esto es imposible", en opinión del sindicalista puesto que, según los datos económicos de ONO, a los que han tenido acceso los representantes de los trabajadores, en el primer trimestre del año la empresa tuvo ocho millones de euros de beneficio, a los que hay que unir otros veinte en el segundo.

"Los datos del tercero no nos los han dado, pero creemos que las cifras van a duplicar las del segundo trimestre", añadió el representante de UGT.

Gómez explicó que mientras que el paro llevado a cabo por la mañana afectaba al personal de turno partido, por la tarde también habría otro para el turno de tarde, si bien añadió que en Algeciras hay poco presonal en estas circunstancias.

Asimismo, informó de que para los próximos días 2 y 9 de diciembre hay convocado, a nivel general, una huelga de 24 horas, que se llevará a cabo "si no se llega a un acuerdo". El representante sindical apuntó que la huelga incidirá en todo el personal, salvo el que esté afectado por los servicios mínimos.

Mil empresas, 50.000 empleos

La directora de la Fundación Biodiversidad, fundación pública del Gobierno de España, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Ana Leiva, ha firmado en León cuatro convenios de colaboración para desarrollar proyectos que fomenten el empleo y el medio ambiente. La vicepresidenta del Consejo Comarcal del Bierzo, Belén Fernández; el director general de la Fundación Cartif, José Ramón Perán; el presidente de la Fundación Progreso, Empleo y Servicios en Salamanca (Fundación Premysa), Antonio Caldera; y el secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores de León (Ugal), Matías Llorente, han firmado los respectivos acuerdos de colaboración por un importe total de 1.892.246,42 euros. Además de los proyectos de las entidades leonesas, vallisoletanas y salmantinas firmados ayer, las iniciativas de la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT, de la Asociación Vida Sana, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, de la Asociación Nacional de Empresas Fabricantes de Áridos (Anefa) y de PEFC España, estarán dirigidas, en parte, a trabajadores residentes dentro de la autonomía de Castilla y León.

La Fundación Biodiversidad es entidad gestora de Fondo Social Europeo (F.S.E.) y en 2008 destina 14,8 millones de euros para financiar 32 proyectos dirigidos a la mejora del empleo y del medio ambiente, a través del Programa empleaverde.

Según los objetivos de los 32 proyectos aprobados, se calcula que más de 13.000 trabajadores recibirán formación, se crearán o iniciarán unas 300 empresas o actividades empresariales en el sector ambiental y más de 300.000 trabajadores participarán en las actividades de los proyectos.

En el marco de este programa la Fundación gestiona los fondos que le han sido asignados por el Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo para el periodo 2007-2013. El Programa empleaverde se ha marcado como metas para el periodo 2007-2013 apoyar a más de 50.000 personas y fomentar la creación de 1.000 empresas en el sector ambiental. Para ello cuenta con una dotación total durante los años 2007-2013 de 44,1 millones de euros, de los cuales el Fondo Social Europeo cofinancia un 80 %, de acuerdo con la situación social de los territorios a los que apoya.

Rodríguez desmiente la privatización del Servicio Canario de Empleo

El consejero de Empelo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, desmiente la privatización del Servicio Canario de Empleo e incluso muestra su sorpresa por la confusión al respecto.

Rodríguez quiso aclarar que lo único que se está haciendo es adaptar al nuevo marco legal a Funcatra (Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo) para “impulsarla”. Pero “ni se va a privatizar ni a externalizar, es lo mismo que ha sucedido con el ITC”, explicó.

El consejero del área ha desmentido que la citada fundación, en la que el Ejecutivo autónomo tiene seis miembros, dos de las patronales canarias y dos de UGT y CC OO, se vaya a hacer cargo de la gestión y control de las subvenciones y ayudas públicas de las políticas de empleo y formación.

Burgos, 20 oct (EFECOM).- Más de un centenar de trabajadores de Ory y su filial Piera Chico, dedicadas a la fabricación de lencería y moda de baño femenina, se han concentrado hoy en Burgos para expresar su rechazo al plan de viabilidad presentado por la empresa, que supone recortes de empleo.

La presidenta del comité de empresa, Rosa Eva Martínez, ha explicado que la compañía negocia con los sindicatos la reducción de empleo, que prefirió no cuantificar hasta que se cierre, si es posible, un acuerdo.

Martínez ha señalado que lo importante ahora es conseguir con la negociación que el recorte de plantilla sea el menor posible y que se ofrezcan las mejores condiciones a las trabajadoras que puedan resultar afectadas.

Las concentraciones frente a la factoría, en el polígono industrial de Gamonal, en Burgos, se llevarán a cabo todos los días hasta que se alcance un acuerdo definitivo entre la dirección y los representantes de los trabajadores.

Rosa Eva Martínez ha expresado su deseo de que la negociación no se extienda en el tiempo, que se garantice la continuidad de la producción y que no haya desplazamiento de fabricación a países emergentes.

En la actualidad esta empresa tiene factorías en la República Dominicana y en Marruecos, y los sindicatos temen que buena parte de la producción se traslade a esos países.

Ory tiene una plantilla de 220 empleados y su filial Piera Chio de 106.

Bajo el título «Empleo en la Comunidad de Madrid», la consejera de Empleo y Mujer de Sevilla la Nueva, Paloma Adrados, ofreció una conferencia en el salón de plenos del Ayuntamiento.
Afiliados del PP de Sevilla la Nueva acudieron a una jornada de debate en torno a temática laboral junto a la consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad, Paloma Adrados, que bajo el título 'Empleo en la Comunidad de Madrid', ofreció una conferencia en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Acompañada por el alcalde del municipio, Mario Utrilla, Paloma Adrados profundizó en la actitud del Estado Español frente a la crisis y su incidencia sobre la creación de puestos de trabajo.

Además, para finalizar la conferencia, ofreció un análisis de las actuaciones concretas que se están llevando a cabo desde la Comunidad de Madrid en materia de empleo.

Barcelona, 11 oct (EFE).- CCOO y UGT han alertado hoy de que si se confirma el ERE para 1.500 trabajadores que Nissan ultima en su planta de la Zona Franca de Barcelona supondría el conflicto social más importante en Cataluña en los últimos años, ya que afectaría también a unos 4.000 trabajadores de la red de proveedores.

Por ello, el secretario general de CCOO en Nissan, Javier Pacheco, ha exigido a las administraciones que rechacen el expediente desde el inicio y garanticen que la empresa clarifique su estrategia industrial a medio plazo sobre la base de ganar capacidad productiva y mantener los niveles de empleo.

"Así es como se garantiza el futuro de una empresa, y es para eso para lo que queremos a los políticos, que son los que tienen la obligación de gobernar y no malgastar el dinero público", ha dicho Pacheco en declaraciones a Efe.

En términos similares se ha expresado el presidente de la sección sindical de UGT en Nissan, Jordi Carmona, que ha lamentado asimismo que la empresa no haya informado a los sindicatos del expediente y se hayan enterado por la prensa y por los proveedores.

"De confirmarse la presentación del expediente, supondría un grave problema industrial para Cataluña, que no sólo ha de tener un movimiento sindical en la empresa, sino que requiere de la implicación tanto de la Generalitat como del Gobierno central, que han de obligar a Nissan a que clarifique el futuro".

Javier Pacheco ha señalado, por su parte, que "no se puede aceptar" que una empresa aproveche la "psicosis" de crisis económica actual para hacer una reestructuración de su plantilla con el fin de reducir costes laborales y aumentar sus beneficios "para en un futuro probablemente no muy lejano empiece a practicar una política de contratación temporal en precario y con menos costes salariales".

En su opinión, la crisis es coyuntural y las ventas de coches se recuperarán, por lo que considera que lo que pretende la compañía "es adelgazar para volver a crecer con contratos temporales. Y una empresa que reduce su plantilla adelgaza la producción y estrecha su margen competitivo, pone en riesgo su futuro".

En este sentido, ha señalado que al tratarse de una crisis coyuntural requiere medidas coyunturales, que ya están contempladas en el convenio "y que no pasan por los despidos ni por el expediente de regulación".

"Ha llegado el momento -ha destacado- de aplicar medidas paliativas a la crisis real, que es la que viven los ciudadanos. Tenemos que pasar de la inyección de 50.000 millones a los banqueros a aplicar políticas sociales e industriales que mantengan el nivel de empleo y eviten que el desempleo en la industria en Cataluña se acabe consolidando y entremos en una crisis profunda real".

El dirigente de CCOO en Nissan ha recordado que en los últimos tres años la empresa ha ganado 200 millones de euros sólo en España: "no puede ser -ha dicho- que ganen el dinero aquí y que luego se lo lleven".

Tanto Pacheco como Carmona han asegurado que sacarán el conflicto a la calle y han anunciado movilizaciones.

Diputación aprueba tres proyectos para formar a 50 desempleados

ALMERÍA. Una escuela y dos talleres posibilitarán que parados se formen como agentes tecnológicos, de desarrollo turístico, albañiles y trabajadores forestales. La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial aprobó ayer un gasto por un importe superior a 1,2 millones de euros para la puesta en marcha de la Escuela Taller Almeri@.es y los talleres de Empleo 'Al-Fiñame' y 'Alcolea II'.

El vicepresidente José Añez anunció que a la Escuela Taller se destinarán más de 574.000 euros; y a los talleres de Empleo más de 406.000 y más de 285.000, respectivamente.

La mayor parte de la financiación para la puesta en marcha de estas iniciativas la aportará la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Empleo-SAE, y el resto lo pondrán la Diputación y los ayuntamientos.

La escuela formará durante dos años a 20 alumnos repartidos en cuatro módulos, dos de los cuales serán de formación y dos de alternancia, según apuntó Añez.

El objetivo de esta escuela es formar a agentes de desarrollo tecnológico para que puedan prestar sus servicios a ayuntamientos, pequeñas y medianas empresas, así como a ciudadanos y recursos de empleo del territorio.

Añez explicó que los futuros agentes, una vez formados, podrán desarrollar también su labor como dinamizadores de la red de telecentros Guadalinfo, que se extienden por numerosos pueblos de la provincia, dando un servicio público de acceso gratuito a Internet.

Está previsto que esta escuela se ponga en marcha en breves fechas. El SAE aportará este año a este proyecto más de 445.000 euros y el próximo, más de 129.000. La Diputación destinará más de 57.000 euros este año. El Taller de Empleo 'Al-Fiñame' se llevará a cabo en Fiñana y permitirá que 18 personas se formen para la realización de trabajos forestales y como agentes de desarrollo turístico.

El SAE destinará este año a la puesta en marcha de este proyecto más de 268.000 euros y el próximo, más de 89.000. Por su parte, el Ayuntamiento aportará este año más de 49.000 euros.

El otro taller de empleo, 'Alcolea II', tendrá una duración de un año y durante dicho periodo doce alumnos se formarán como albañiles. La aportación del SAE este año será de más de 178.000 euros y la del Ayuntamiento, de más de 47.000. La aprobación de estos proyectos en materia de empleo va a posibilitar que su puesta en marcha sea inmediata.

Apoyo de la Junta

Estas tres iniciativas cuentan con financiación de la Consejería de Empleo de la Junta, a través del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, que tiene como objetivo, según ha apuntado el delegado Clemente García en alguna ocasión, «incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, fundamentalmente en zonas rurales de la provincia».

También tienen como objetivo «evitar que los habitantes de nuestros pueblos de interior los abandonen en busca de mejores oportunidades de empleo».

Los tres proyectos mencionados han sido promovidos por la Diputación Provincial de Almería. Son parte de los 31 que se van a desarrollar en la provincia este año que proporcionarán formación laboral a 488 personas.

La inversión total para toda la región supera los 10 millones de euros, una cantidad mayor que la que se destinó al mismo fin en el periodo anterior, lo que posibilitará formar a más personas.

La recolocación de los parados sólo se puede convertir en realidad con una red territorial y estable de personal especializado que atienda, comprenda y ayude a superar la situación y el futuro de las personas sin trabajo. Para la creación y mantenimiento de este equipo de funcionarios se necesita dinero, aportación que deberá venir de los Presupuestos Generales del Estado. Las dos condiciones -disponibilidad de recursos humanos y financieros-figuran en las observaciones remitidas por CCOO al Gobierno, sobre el plan de choque de reinserción laboral.

En líneas generales, el sindicato considera que las medidas recogidas en el proyecto son insuficientes y critica que estén limitadas a un periodo de tiempo extraordinario vinculado a una coyuntura de subida del paro. En su opinión, el camino correcto es la reforma y modernización de los Servicios Públicos de Empleo (SPE).

El Ministerio de Trabajo remitió, a primeros de marzo, el borrador de su programa a CEOE, CEPYME, UGT y CCOO. El pasado día 17 se celebró una reunión y sólo UGT llevó los deberes hechos. La central socialista entregó al resto de los interlocutores su propuesta sobre el texto oficial. Al igual que CCOO, UGT apostaba por financiación vía Presupuestos; medidas estables y destinadas a todos los parados; y auténtica y profunda reforma del SPE.

Más prestaciones

Para CCOO es importante que se produzca una aportación económica del Estado, vía impuestos, sin tocar las cuotas que pagan empresarios y trabajadores para formación y paro. Al mismo tiempo, las comunidades autónomas deberían dotar de los necesarios recursos humanos a sus oficinas de empleo. Se trataría de evitar que el SPE tuviera déficit y asegurar el pago de las prestaciones en su intensidad o, incluso, ampliarlas si los nuevos desocupados no pudieran cumplir los requisitos porque los trabajos desempeñados no hubieran generado derechos de protección.

Respecto a la formación de los desempleados, CCOO lamenta que el programa no refleje novedades. Argumenta que los planes de oferta para sectores en declive existen desde 2006. Lo mismo ocurre con los acuerdos con empresas para impartir formación con compromisos de contratación. Y alerta de que el problema en España no es de falta de recursos, “sino de funcionamiento general del sistema”, con “grave retraso” en el desarrollo de una oferta de formación acreditada.

En cuanto a la contratación de 1.500 orientadores profesionales, Comisiones entiende que deberían ser puestos de trabajo estables, dado que las tareas que se les pretende asignar, con itinerarios personalizados y captación de ofertas de empleo, son funciones “permanentes y básicas del SPE en cualquier coyuntura”. De esta manera, las oficinas del antiguo INEM se encargarían sin problema de la clasificación de los demandantes de empleo, de abordar de manera personalizada su inserción y de actuar con eficacia en la captación de ofertas.

Beneficiarios y movilidad

Comisiones pretende, además, que el plan cumpla las directrices europeas para prevenir el paro de larga duración, de modo que se atienda a los jóvenes antes de que lleven seis meses sin contrato; a los adultos, antes de los 12 meses; y al 25% de los desocupados que estén sin trabajo más de un año. El sindicato pide también que se identifique quiénes van a ser los grupos de atención primaria en virtud del conjunto de la actividad productiva, de los objetivos de la Unión Europea y de los colectivos de jóvenes, mujeres, parados mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes, protegidos por la ley española.

Por otro lado, CCOO lamenta que el proyecto no facilite la movilidad geográfica. Reconoce que el texto habla de ella, pero critica que remita su regulación a un real decreto, cuyo contenido se desconoce. El secretario general de Empleo, Antonio González, apuntó en su día que habrá ayudas para el alquiler de la vivienda de los trabajadores que tengan que cambiar de residencia para acudir al nuevo trabajo o para el desplazamiento si se mantiene el hogar habitual.

Cuatro de cada diez nuevos demandantes de empleo de 2008 cuentan con estudios universitarios y siete de cada diez son mujeres. Por el contrario, la bolsa de empleo de la Cámara de Comercio reclama en un porcentaje del 46% a técnicos de FP, sumando que un 37% sólo requiere a personas que hayan estudiado el bachillerato.

Zaragoza.- La oferta y la demanda en el mercado laboral de Zaragoza no llegan a coincidir. El SCOP, la bolsa de empleo on line de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, ha ofertado 588 puestos de trabajo en estos dos meses y medio de 2008, de los que el 46,63% estaban destinados a técnicos de Formación Profesional (FP) y otro 37,42% sólo requerían bachillerato o estudios inferiores. Los puestos de trabajo que más ofertan las empresas de Zaragoza son para comerciales, administrativos y técnicos.

Sin embargo, el perfil del demandante de empleo de Zaragoza presenta una sobrecualificación respecto a las necesidades del mercado: el 38,42% cuenta con estudios universitarios (del total de desempleados, el 23,84% ha obtenido una licenciatura o ha cursado una ingeniería superior y el 14,35% es diplomado o ingeniero técnico). La falta de consonancia entre las necesidades del mercado y la formación de los demandantes de empleo provoca que las empresas tengan problemas para cubrir determinados puestos de trabajo.

El SCOP de Zaragoza, al que se puede acceder a través de la web de la Cámara de Zaragoza, cuenta en la actualidad con 7.144 currículos activos. Más de 1.200 empresas utilizan este servicio para encontrar empleados.

Demanda

Por puesto de trabajo, la mayor necesidad de profesionales por parte de las empresas se orienta a la contratación de comerciales, seguida por administrativos, técnicos y operarios. El sector comercial y el de la restauración también presentan varias ofertas para dependientes y camareros.

Pese a que buena parte de las ofertas no requieren una formación específica, en la bolsa de empleo cameral también pueden encontrarse ofertas para responsables de Comunicación, ingenieros de Obras Públicas, informáticos o ejecutivos de cuentas, entre otros.

Más mujeres

Las mujeres son el colectivo al que más les cuesta encontrar un puesto de trabajo estable, ya que representan el 68,29% de los 432 nuevos demandantes de empleo que se han apuntado al SCOP este año. El porcentaje de mujeres demandantes de empleo es ligeramente superior a la del año pasado, cuyo ratio se situó en el 67,25%.

Respecto al rango de edad, el 47,69% de los desempleados apuntado en la bolsa de empleo de la Cámara tiene menos de 30 años, el 36,11% se sitúa entre los 31 y los 45 años, y el 16,2% ha superado los 45 años.

EUROPAPRESS. Unas 548 personas con enfermedad mental, discapacitados y en riesgo de exclusión social se han beneficiado de las diversas actividades de inserción laboral que el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Fundación Socio-sanitaria para la Integración del Enfermo Mental (Fislem), ha promovido durante los dos últimos años y cuyo objetivo es favorecer la incorporación al mercado laboral de este colectivo para mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía personal.
Según informó la Junta en un comunicado, de esos más de 500 usuarios, un total de 132 han participado en los ocho centros especiales de empleo que financia la Junta de Comunidades; 171 han pasado por el programa "Empleo con Apoyo"; 110 en los centros de formación y empleo, donde se imparten módulos de integración laboral y 135 en dos proyectos europeos de inserción laboral (Equal Inserempleo e In-Itinere) en los que participa la Fundación Fislem, que depende de la Consejería de Sanidad.
De esta manera y gracias al programa de inserción laboral se está cumpliendo uno de los compromisos prioritarios adquiridos por la Consejería de Sanidad en el Plan de Salud Mental 2005-2010, que aboga, entre otras cuestiones, por la creación de puestos de trabajo para estas personas y favorecer su inserción social.
Respecto a los programas citados, de los 110 usuarios que han participado en los módulos de integración laboral, 22 han accedido a un empleo.
Las actividades que se han ofrecido en estos módulos han sido, entre otras, de carpintería, jardinería, reciclaje de ordenadores, afilado de cuchillos, enmarcación, limpieza de edificios y reponedor de almacén, lo que ha ayudado a abrir sus posibilidades laborales.
En cuanto a las 132 personas que han estado trabajando en uno de los ocho centros especiales de empleo abiertos en la región, 73 son personas con enfermedad mental
Estos ocho centros especiales de empleo están ubicados uno en Albacete, que gestiona la asociación Afaeps y que cuenta con 23 plazas; dos en Toledo, uno gestionado por la asociación Despertar y otro por el CEMI y Fislem, dedicado al reciclaje de ordenadores; el de Afaus en Guadalajara; el de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que promueve SocialMancha y Aficam; el de Inico y SocialMancha en Cuenca; y el de Almansa Social.
Para los próximos años está prevista la apertura de un centro especial de empleo en cada una de las localidades donde haya un centro de rehabilitación.
En cuanto al Programa Regional de Empleo con Apoyo, que cuenta con cinco dispositivos en Albacete, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Cuenca y Toledo y que financia la Obra Social de la Fundación La Caixa, de sus 170 usuarios en los dos últimos años, 89 son personas con enfermedad mental. Muchos de los beneficiarios de este programa cuentan actualmente con un contrato laboral en empresas normalizadas.
Finalmente y dentro de las actividades formativas, se va a celebrar el próximo viernes, día 28, en el Palacio de Benacazón de Toledo, la jornada "Territorios Socialmente Responsables: instrumentos financieros y sociales", organizada por la Consejería de Sanidad a través de la Fundación Fislem y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP).
En este encuentro participarán, además del director general de Planificación y Atención Sociosanitaria, José Luis López, profesionales de diferentes instituciones públicas y privadas de la región y de otras comunidades autónomas.

Tenerife/ El consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez, indicó hoy que la desaceleración económica está afectando más a los puestos de trabajo ocupados por los hombres que a los que ocupan las mujeres, que están conservando, dijo, "razonablemente bien sus empleos".

Rodríguez hizo esta afirmación en una comparecencia parlamentaria solicitada por el grupo Socialista y en la que afirmó que el 60,8 por ciento de los beneficiarios de las diferentes políticas de empleo llevadas a cabo en 2006 fueron mujeres.

En la comparecencia, relativa a los informes de evaluación del impacto de género en los presupuestos del Servicio Canario de Empleo, Rodríguez dijo que los datos de 2007 sobre la incidencia en las mujeres de las políticas de empleo son "mejores".

Rodríguez detalló que en Canarias hay 1.015.493 hombres y 1.010,458 mujeres y la tasa de actividad es superior a la media estatal con un 60 por ciento mientras que la femenina es del 51,15 por ciento.

Con respecto al paro, Rodríguez reconoció que Canarias posee una de las tasas de paro femenino más alto del Estado, un 12,78 por ciento, y la tasa de ocupación es del 44,62 por ciento.

Detalló que la calidad del empleo al que acceden las mujeres ha mejorado debido a que también lo ha hecho la formación y para promover la igualdad real, el consejero dijo que en la estrategia de empleo 2008-2013 hay un apartado dedicado al empleo femenino.

Entre las medidas propuestas citó las políticas de conciliación de la vida familiar y profesional y la promoción de las políticas de empleo que fomenten la contratación de mujeres en aquellos municipios con alto porcentaje de paro femenino.

El consejero aludió a otras medidas como las reservas de plazas en guarderías públicas para los beneficiarios de los cursos de formación, los cheques guardería para las familias más desfavorecidas, los programas específicos para personas con dependientes a su cargo y los incentivos para aquellas empresas que abran guarderías para los hijos de sus trabajadores.

Asimismo se refirió a otros programas que, según dijo, favorecerán la contratación de las mujeres como el programa de inserción y reocupación e los desempleados con colectivos en especial dificultad y el de apoyo a la emprendeduría.

María Eulalia Guerra de Paz, del grupo Socialista, destacó la importancia del informe de impacto de género ya que se trata de un elemento imprescindible "si queremos que la igualdad sea efectiva".

En este informe se debe evaluar, explicó la parlamentaria, si hay diferencias entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación, si existen efectos diferenciales que creen desequilibrios así como si la propuesta que se pretende ejecutar afecta a la organización del trabajo, de la intimidad o en la ciudadanía.

En su opinión, la revolución que le queda a la mujer por hacer es el nuevo contrato social y echó en falta en la estrategia de empleo para 2008-2013 políticas concretas para mejorar los datos de 2006.

La parlamentaria vinculó un empleo de calidad con factores de la vida de la mujer como sus relaciones sexuales.

La diputada del grupo Popular María del Mar Arévalo dijo que es lamentable que en el siglo XIX todavía haya que debatir sobre la discriminación laboral de las mujeres y reconoció que aunque se han dado pasos importantes aún quedan barreras por solventar.

Arévalo indicó que conciliar la vida laboral y familiar no es que la mujer después de su jornada laboral, tenga que cargar con las responsabilidades en sus casas sino en que esas funciones sean repartidas y consideró que ayudas como las de 2.500 euros no son suficientes para promover la igualdad.

María del Mar Julios, de CC, dijo que los datos ponen de manifiesto que aún existen diferencias en la empleo de las mujeres y recordó que el objetivo de la UE es alcanzar una tasa de empleo femenina del 60 por ciento.

España, dijo Julios, todavía está por debajo de esta media y aunque valoró la evaluación de la tasa de actividad femenina en Canarias que está en un 51,4 por ciento, estimó que todavía son los retos que están por delante.

La diputada regional socialista Gloria Gutiérrez reprochó hoy en comisión parlamentaria al consejero de Comercio, Industria y Empleo del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, que no supiera explicar cómo se había gestionado el Plan Estratégico de Empleo e Incentivos 2002-2006 después de dos años de ejecutado y en el que se invirtieron 1.339 millones de euros.

A juicio de Gutiérrez, las cuentas tendrían que estar "más que cerradas" y se tendría que haber hecho un seguimiento continuado de los programas para saber en dónde invertir y que hacer. Incluso, pidió explicaciones por la devolución de tres millones de euros en uno de los ejercicios ya que "el dinero para este tipo de problemas sociales nunca sobra".

Rodríguez respondió que mientras la gestión de los fondos había estado en manos del Gobierno de España, el gasto había sido deficitario, mientras que cuando los presupuestos estuvieron en manos del ejecutivo regional se ejecutó un 91% del gasto el primer año y un 97% el segundo.

El consejero expuso además que cuando tuviera los datos detallados daría las explicaciones oportunas, pero que hasta el 2007 se prorrogaron algunas de las inversiones por lo que no podría dar detalles.

Las explicaciones del consejero motivaron la queja de la socialista que acusó al Gobierno canario de "enmascarar su fracaso con un plan de empleo 2008-2013" e incluso con la gestión del Servicio Canario de Empleo que la consejería quiere renovar y que sólo consigue un 4% de la inserción laboral frente al 20% de media que se consigue en la Unión Europea.

El responsable del área de Empleo argumentó que la renovación del Servicio Canario de Empleo no es un retraso, sino una forma de adaptarse a las nuevas demandas sociales y de la solicitud de un puesto de trabajo.

A pesar de que tanto socialistas como nacionalistas ven oportuna la convergencia de los partidos para sacar adelante los planes de empleo Gutiérrez espetó que "no vamos a apoyarles para enmascarar su fracaso y su mala gestión".

La secretaria de Igualdad del sindicato UGT, Concha López, denunció ayer la "actitud machista" sufrida por una vigilante de seguridad, suspendida de empleo y sueldo en diciembre, por haber cogido dos piezas de fruta de un puesto del Mercado Central para paliar la hipoglucemia que padeció dado su avanzado estado de gestación y su extenso turno de trabajo (de 15.00 a 22.00 horas). Asimismo, la sindicalista ve "lamentable que esto suceda", toda vez que "no ha habido denuncia por parte del tendero".

La Secretaría de Igualdad de UGT denunció ayer la "discriminación" y la "actitud machista" que ha sufrido una vigilante de seguridad que ha sido suspendida de empleo y sueldo durante el mes de diciembre por comer dos piezas de fruta que había cogido mientras se encontraba de servicio en un puesto del Mercado Central.

La secretaria de Igualdad del sindicato, Concha López, indicó que esta trabajadora, que se encontraba en avanzado estado de gestación, padeció una hipoglucemia por lo que recurrió a comer las dos piezas de fruta de un puesto.

Fue entonces cuando, tal y como relató la sindicalista, el presidente del Comité de Empresa decidió "coger las grabaciones de las cámaras de seguridad" y presentó un expediente a su empresa, quien, "sin dar la oportunidad a la trabajadora de contar lo que había ocurrido, la sancionó con un mes sin empleo y sueldo".

Para Concha López, el presidente del Comité de Empresa se ha "extralimitado de sus funciones", porque, en su opinión, "debería velar porque se cumplan las condiciones de trabajos de los empleados e, incluso, plantear un cambio de trabajo" en vez de querer "congraciarse con la empresa y no luchar por la defensa de los trabajadores y trabajadores que, en principio, está representando".

Asimismo, consideró la secretaria de Igualdad de UGT que "es lamentable que esto suceda", toda vez que "no ha habido denuncia por parte del tendero", por lo que consideró como "una falta de compañerismo" la gestión realizada por el presidente del Comité de Empresa quien, "en vez de intentar solventar la situación entre el tendero y ella, no se le dio la más mínima oportunidad para explicarse".

En último lugar, Concha López manifestó que esperaba que los trabajadores de Eulen, la empresa de la trabajadora suspendida de empleo y sueldo, "tengan en cuenta que no tienen la representación sindical más adecuada", que es "para defender los derechos de los trabajadores y también es intentar mediar en los conflictos que surjan entre empleados y empresarios".