Pese a la reciente campaña en el sector de los nísperos, que sigue desarrollándose, la Inspección no detecta desde enero más bolsa de fraude que en el año 2005.
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, dijo a principios de mes que la última regularización de ciudadanos no comunitarios para poder residir y trabajar legalmente en España ha sido un duro golpe para la economía sumergida. Así parece que ocurre también en el caso de Alicante, una de las provincias con mayor fraude a la contratación de toda España. Desde la Dirección General de la Inspección de Trabajo explican a este diario que las bolsas de empleo ilegal de inmigrantes detectadas desde principios de año no son mayores que las del año anterior. «Los inspectores descubren lo que se puede considerar normal en Alicante», añade la fuente.A principios de mes, este diario se hacía eco del inicio de una campaña de control e inspección de Trabajo, cuyos inspectores se auxiliaron de la Guardia Civil, en el sector agrícola del níspero. Callosa d'En Sarrià y otros municipios de la comarca productora del fruto de origen oriental observaron, con gran preocupación, el trasiego de inspectores y agentes de la Benemérita.Aún a día de hoy siguen los trámites por los expedientes de infracción tramitados, una veintena, según la Dirección General de la Inspección de Trabajo del Ministerio. En las dos últimas semanas, los empresarios de almacenes y los pequeños productores a los que se les ha descubierto con extranjeros sin dar de alta en la Seguridad Social están acudiendo a los despachos de la Inspección de Trabajo de Alicante para entregar toda la documentación requerida, como los TC1 y TC2 de la Tesorería de la Seguridad Social.Trabajo no informa de cuál es la cantidad de inmigrantes sin regularizar hallados en el campo o en los almacenes de la zona productora del níspero. Sin embargo, desde la dirección de la Inspección señalan que el número de trabajadores inmigrantes descubiertos empleados de forma ilegal no supera la cifra del pasado año en el mismo período de tiempo, es decir, desde enero hasta mayo.«Los expedientes son los rutinarios, no llama la atención un aumento del empleo ilegal», apuntan desde Trabajo, en contra de las voces que en los últimos días alertan de un aumento de la inmigración ilegal en la Comunidad Valenciana.El proceso de normalización del pasado año logró integrar en el mercado laboral regular a un importantísimo número de trabajadores extranjeros no comunitarios. Sin embargo, son cientos ( de las 41.000 solicitudes tramitadas por el Ministerio) los que no se incorporaron finalmente a su puesto de trabajo por motivos que se desconocen. También destacan los que no pudieron hacer realidad su sueño de un trabajo regular porque su empleador dijo que habían variado las circunstancias de su empresa, pese a solicitar su legalización durante el proceso que duró hasta mayo del 2005. Pese a estos «cientos de casos», no se ha detectado un aumento alarmante de la mano de obra extranjera ilegal en esta provincia en los últimos cinco meses.Un dato que refuerza la hipótesis de la propia secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, en la línea de que la normalización llegó con el plan del pasado año es que el número de actuaciones en materia de Extra njería que hizo en Alicante la Inspección de Trabajo en el año 2005 duplicó la cifra del año 2004. El dato oficial señala que en el 2005 hubo 3.081 actuaciones sobre inmigración en la provincia, frente a 1.206 en el año 2005. Las cifras de inmigrantes trabajando de forma ilegal descubiertos por Trabajo se invirtieron, es decir, pasan de 758 a 410.Hace escasos días, Rumí declaró que el proceso de normalización de inmigrantes, del que se acaba de cumplir un año, ha supuesto «el mayor golpe a la economía sumergida en este país». Explicó que el 98% de los nuevos inmigrantes regularizados ya cotizaban en la Seguridad Social. Hasta el pasado día 2 de mayo, la Seguridad Social había concedido 577,049 de las 691.655 solicitudes presentadas del 7 de febrero al 7 de mayo del año 2005, período del último proceso de regularización iniciado por el Gobierno central.Según los datos de la Secretaría de Estado de Inmigración, el número de peticiones denegadas se elevó a 61.060, las no admitidas sumaban 18.727 y las archivadas alcanzaban la cifra de 34.379.La economía sumergida que afecta a los ciudadanos españoles ya es otro cantar. Según la memoria de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, la provincia de Alicante lidera el fenómeno. El 10% de todos los trabajadores cazados por los inspectores o subinspectores de Trabajo en el conjunto de España sin contrato laboral ni por tanto cotización a la Tesorería de la Seguridad Social (fraude de ley) son de Alicante. De enero a diciembre, la Inspección de Trabajo promovió el alta de 3.430 trabajadores en Alicante.
La Verdad (Alicante)
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