La recolocación de los parados sólo se puede convertir en realidad con una red territorial y estable de personal especializado que atienda, comprenda y ayude a superar la situación y el futuro de las personas sin trabajo. Para la creación y mantenimiento de este equipo de funcionarios se necesita dinero, aportación que deberá venir de los Presupuestos Generales del Estado. Las dos condiciones -disponibilidad de recursos humanos y financieros-figuran en las observaciones remitidas por CCOO al Gobierno, sobre el plan de choque de reinserción laboral.
En líneas generales, el sindicato considera que las medidas recogidas en el proyecto son insuficientes y critica que estén limitadas a un periodo de tiempo extraordinario vinculado a una coyuntura de subida del paro. En su opinión, el camino correcto es la reforma y modernización de los Servicios Públicos de Empleo (SPE).
El Ministerio de Trabajo remitió, a primeros de marzo, el borrador de su programa a CEOE, CEPYME, UGT y CCOO. El pasado día 17 se celebró una reunión y sólo UGT llevó los deberes hechos. La central socialista entregó al resto de los interlocutores su propuesta sobre el texto oficial. Al igual que CCOO, UGT apostaba por financiación vía Presupuestos; medidas estables y destinadas a todos los parados; y auténtica y profunda reforma del SPE.
Más prestaciones
Para CCOO es importante que se produzca una aportación económica del Estado, vía impuestos, sin tocar las cuotas que pagan empresarios y trabajadores para formación y paro. Al mismo tiempo, las comunidades autónomas deberían dotar de los necesarios recursos humanos a sus oficinas de empleo. Se trataría de evitar que el SPE tuviera déficit y asegurar el pago de las prestaciones en su intensidad o, incluso, ampliarlas si los nuevos desocupados no pudieran cumplir los requisitos porque los trabajos desempeñados no hubieran generado derechos de protección.
Respecto a la formación de los desempleados, CCOO lamenta que el programa no refleje novedades. Argumenta que los planes de oferta para sectores en declive existen desde 2006. Lo mismo ocurre con los acuerdos con empresas para impartir formación con compromisos de contratación. Y alerta de que el problema en España no es de falta de recursos, “sino de funcionamiento general del sistema”, con “grave retraso” en el desarrollo de una oferta de formación acreditada.
En cuanto a la contratación de 1.500 orientadores profesionales, Comisiones entiende que deberían ser puestos de trabajo estables, dado que las tareas que se les pretende asignar, con itinerarios personalizados y captación de ofertas de empleo, son funciones “permanentes y básicas del SPE en cualquier coyuntura”. De esta manera, las oficinas del antiguo INEM se encargarían sin problema de la clasificación de los demandantes de empleo, de abordar de manera personalizada su inserción y de actuar con eficacia en la captación de ofertas.
Beneficiarios y movilidad
Comisiones pretende, además, que el plan cumpla las directrices europeas para prevenir el paro de larga duración, de modo que se atienda a los jóvenes antes de que lleven seis meses sin contrato; a los adultos, antes de los 12 meses; y al 25% de los desocupados que estén sin trabajo más de un año. El sindicato pide también que se identifique quiénes van a ser los grupos de atención primaria en virtud del conjunto de la actividad productiva, de los objetivos de la Unión Europea y de los colectivos de jóvenes, mujeres, parados mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes, protegidos por la ley española.
Por otro lado, CCOO lamenta que el proyecto no facilite la movilidad geográfica. Reconoce que el texto habla de ella, pero critica que remita su regulación a un real decreto, cuyo contenido se desconoce. El secretario general de Empleo, Antonio González, apuntó en su día que habrá ayudas para el alquiler de la vivienda de los trabajadores que tengan que cambiar de residencia para acudir al nuevo trabajo o para el desplazamiento si se mantiene el hogar habitual.
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