Un trabajador de edad avanzada limpia el símbolo del euro situado frente a la sede del BCE en Frankfurt.
¿Tendrán pensión de jubilación los que trabajan hoy? ¿Será necesario trabajar más allá de los 65? La duda, alimentada por el incesante envejecimiento de la población y avivada esta semana por la polvareda ocasionada por las declaraciones del gobernador del Banco de España, planea sobre las personas que han ingresado en el mundo laboral los últimos años como si todas ellas estuvieran condenadas a resignarse a la materialización de un destino escrito que les conduce a un futuro sin prestaciones.
La respuesta oficial del Gobierno español -las pensiones están garantizadas hasta 2030 , pese a las reservas que ocasiona la crisis y la reducción de la previsión de ingresos en la Seguridad Social- exprime toda la ambigüedad que se le supone a una cuestión anclada a aspectos tan imprevisibles como la evolución de los ratios de natalidad, la llegada de inmigrantes o el constante incremento del umbral de mortalidad.
La fecha suena lo convenientemente remota para ser tranquilizadora a pesar de proyectarse a tan sólo 21 años vista. Ese horizonte adquiere un tono más grisáceo si se hace la sencilla operación de sumar cuántos ciudadanos de la comunidad vasca y navarra se jubilarán en torno a ese año. A efectos prácticos unos 700.000 vascos que a día de hoy están en condiciones de trabajar no tienen garantía de cobrar pensión una jubilación.
horizonte 2030
¿Pensiones garantizadas?
¿Qué sucederá además a partir de 2030 con los que ya sean pensionistas si el aumento de la esperanza de vida hace que lógicamente se cobre la jubilación durante más tiempo? Si bien no existe consenso entre los agentes sociales a la hora de trazar el horizonte de viabilidad del sistema -por qué no situarlo en 2035 o en 2025, como ha hecho Miguel Ángel Fernández Ordóñez, si se agravan los lastres del modelo-, sí hay una lectura compartida en torno a la necesidad de reformar el modelo.
De hecho, la postura relativamente pasiva del Ejecutivo central resalta que el principal problema para abordar esa modificación no son los plazos o la proyección en el tiempo del actual superávit de la Seguridad Social (53.000 millones, según el ministro de Trabajo), sino que obedece más a las notables diferencias que separan a patronal y sindicatos, los actores más importantes en una red asistencial que se nutre de las cotizaciones aportadas por trabajadores y empresarios.
El Gabinete Zapatero no quiere entrar en ese terreno. Mientras el ministro de Fomento, José Blanco, amaga pero no golpea con una afirmación extemporánea -se puede trabajar más allá de los 65- acompasada con otra más conservadora -ahora no toca explorar esa posibilidad-, el ministro de Empleo, Celestino Corbacho, "discrepa radicalmente" con el análisis que hace Fernández Ordóñez del sistema y sin embargo no se pronuncia en concreto respecto a la posibilidad de retrasar la edad de jubilación.
base del sistema
Aportaciones laborales
Si el sistema de prestaciones por jubilación se sustenta en esas aportaciones, la ampliación de su viabilidad sólo tiene, aplicando brocha gruesa , posibilidad de recorrer dos caminos que pueden incluso llegar a ser compatibles: aumentar la edad de jubilación más allá de los 65 años, la medida más controvertida para los trabajadores, o subir el porcentaje del sueldo destinado a las cotizaciones, la más gravosa para las empresas si tienen que asumir el coste en exclusiva. Sobre la mesa hay otras reflexiones, poner freno a las prejubilaciones -la edad media real de abandono de la vida laboral se sitúa en torno a los 63,5 años-, simplificar los regímenes de cotización o inyectar recursos públicos destinados a día de hoy a otros aspectos del estado de bienestar, pero la viabilidad del sistema pasa, a tenor de las opiniones de centrales sindicales y asociaciones empresariales por incrementar los fondos destinados a la caja desde la que se distribuyen las pensiones.
recesión económica
Crisis en los planes pensiones
La crisis establece un nuevo elemento de presión a los autoridades para acometer la reforma del sistema ya que en los últimos meses se han volatilizado en todo el planeta tres billones de euros invertidos en planes privados de jubilación, casi una cuarta parte del volumen total. Fernández Ordóñez consideró en su intervención en el Congreso que es "absurdo" negar que hay un problema en el sistema público de pensiones. Es cierto que gran parte de los planes privados están ligados a la bolsa e incluso algunos han estado expuestos a las hipotecas subprime ; pero si el sistema de prestación voluntaria se resiente por la crisis, el público, patrocinado por unos gobiernos que han abierto la hucha de los ahorros, no es impermeable a la situación general.
reformas europeas
Escenario en movimiento
La tónica es similar en toda Europa. De hecho, la mayoría de los países de la Unión han acometido reformas de sus modelos de pensiones en las dos vías posibles. Alemania asegura haber reducido su gasto en pensiones con un retraso gradual de la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, una variación de dos años que ha podido surtir efecto en la locomotora europea gracias a su volumen poblacional y al alto porcentaje de inmigrantes en edad laboral, pero que parece excesivamente escasa para trasladar al Estado español.
Francia, Polonia, Finlandia y Portugal han incrementado el número de años cotizados sobre los que se calcula la pensión. La base se sitúa aquí en los últimos 15 años, un aspecto que penaliza a los trabajadores de más de 50 que se quedan sin empleo aunque su vida laboral se remonte varias décadas atrás.
En otros países como Suecia se ha apostado por aumentar las bases de cotización. Una medida que pasa por mejorar los ratios de productividad de los trabajadores e incluso ajustar salarios. Europa se mueve, España, de momento, no.
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