PP avisa de la destrucción de 100.000 empleos hasta mayo, si el Gobierno no aplica "medidas urgentes"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Turismo del Partido Popular en el Senado, Agustín Almodóbar, acusó hoy al Gobierno de practicar una política de "indiferencia" y de no tener una política turística definida para un sector, que podría perder 100.000 empleos hasta mayo, si el Ejecutivo no pone en marcha "medidas urgentes" para garantizar su competitividad a medio y largo plazo.

Durante su intervención en el Senado, tras la comparencia del secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, Almodóbar denunció que la confianza del sector turístico se sitúa en su nivel más bajo desde 2002, por lo que no descartó que de continuar el actual deterioro económico algunas empresas puedan llevar a cabo "drásticos recortes" de plantilla.

En total, cifró en 100.000 empleos los que se podrían extinguir, lo que representa el 6% de la ocupación que emplea actualmente el sector y del que depende directamente cerca de dos millones de personas.

"Ante la situación de profunda crisis que estamos atravesando, es obligación del Gobierno actuar con prontitud e inteligencia y es su deber desarrollar planes, cuando los vientos soplan favorablemente, para no tener que lamentar después la falta de competitividad, ni la desaparición de empresas, ni la destrucción de puestos de trabajo", señaló Almodóbar.

"Usted no es sólo el responsable de la política turística, también es responsable de la primera industria exportadora española y generadora de empleo y consumo", le espetó a Mesquida.

Por ello, el senador 'popular' solicitó al Gobierno rebajas fiscales que favorezcan la competitividad de las pymes turísticas; medidas laborales, que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo; la supresión de las tasas aeroportuarias; y la aplicación de técnicas de promoción dirigidas directamente a los consumidores para promover el turismo español.

"Se están destruyendo empleos todos los días en este sector y éste se puede ir al traste si no se toman medidas de forma urgente", apuntó Almodóbar, quién aseguró que es uno de los sectores más afectados por el desempleo.

El portavoz del PP lamentó que el Ejecutivo "se esté aprovechando la inercia de la coyuntura internacional, pero no esté construyendo las bases para lograr el éxito a medio y largo plazo". "El Gobierno no se ha preocupado en dinamizar el sector más competitivo de la economía española y en el que siempre hemos ostentado posiciones de liderazgo", afirmó.

Como receta, Almodóbar propuso centrarse en los mercados tradicionales europeos, antes de que otros países, directamente competidores de España en materia turística, "se lleven una porción sustancial del mercado turístico español".

Así, recordó que el 66% de los turistas que recibe España procede del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, "lugares cercanos y de fácil conexión", por lo que abogó por promocionar la oferta española en estos mercados, frente a otros países lejanos. "Lo que el sector turístico necesita en este momento son proyectos a corto plazo", insistió.

"IMPRESCINDIBLE" REDUCIR TASAS AÉREAS.

Sobre la cuestión de las tasas, cuestión que no depende de las competencias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sino del Ministerio de Fomento, Almodóbar afirmó que la rebaja de las mismas es "fundamental" para impulsar el turismo, por lo que hay que emprender acciones que eviten la pérdida de enlaces aéreos con España.

"Volar en España resulta muy caro y es el país con las tasas más elevadas", aseguró el senador 'popular', quién consideró "imprescindible" reducirlas, medida que ya ha sido apoyada por un informe relativo al impacto del turismo en el desarrollo de las regiones costeras.

Empleo, ¿Apto para mayores de 65 años?

Un trabajador de edad avanzada limpia el símbolo del euro situado frente a la sede del BCE en Frankfurt.

asier diez mon

¿Tendrán pensión de jubilación los que trabajan hoy? ¿Será necesario trabajar más allá de los 65? La duda, alimentada por el incesante envejecimiento de la población y avivada esta semana por la polvareda ocasionada por las declaraciones del gobernador del Banco de España, planea sobre las personas que han ingresado en el mundo laboral los últimos años como si todas ellas estuvieran condenadas a resignarse a la materialización de un destino escrito que les conduce a un futuro sin prestaciones.

La respuesta oficial del Gobierno español -las pensiones están garantizadas hasta 2030 , pese a las reservas que ocasiona la crisis y la reducción de la previsión de ingresos en la Seguridad Social- exprime toda la ambigüedad que se le supone a una cuestión anclada a aspectos tan imprevisibles como la evolución de los ratios de natalidad, la llegada de inmigrantes o el constante incremento del umbral de mortalidad.

La fecha suena lo convenientemente remota para ser tranquilizadora a pesar de proyectarse a tan sólo 21 años vista. Ese horizonte adquiere un tono más grisáceo si se hace la sencilla operación de sumar cuántos ciudadanos de la comunidad vasca y navarra se jubilarán en torno a ese año. A efectos prácticos unos 700.000 vascos que a día de hoy están en condiciones de trabajar no tienen garantía de cobrar pensión una jubilación.

horizonte 2030

¿Pensiones garantizadas?

¿Qué sucederá además a partir de 2030 con los que ya sean pensionistas si el aumento de la esperanza de vida hace que lógicamente se cobre la jubilación durante más tiempo? Si bien no existe consenso entre los agentes sociales a la hora de trazar el horizonte de viabilidad del sistema -por qué no situarlo en 2035 o en 2025, como ha hecho Miguel Ángel Fernández Ordóñez, si se agravan los lastres del modelo-, sí hay una lectura compartida en torno a la necesidad de reformar el modelo.

De hecho, la postura relativamente pasiva del Ejecutivo central resalta que el principal problema para abordar esa modificación no son los plazos o la proyección en el tiempo del actual superávit de la Seguridad Social (53.000 millones, según el ministro de Trabajo), sino que obedece más a las notables diferencias que separan a patronal y sindicatos, los actores más importantes en una red asistencial que se nutre de las cotizaciones aportadas por trabajadores y empresarios.

El Gabinete Zapatero no quiere entrar en ese terreno. Mientras el ministro de Fomento, José Blanco, amaga pero no golpea con una afirmación extemporánea -se puede trabajar más allá de los 65- acompasada con otra más conservadora -ahora no toca explorar esa posibilidad-, el ministro de Empleo, Celestino Corbacho, "discrepa radicalmente" con el análisis que hace Fernández Ordóñez del sistema y sin embargo no se pronuncia en concreto respecto a la posibilidad de retrasar la edad de jubilación.

base del sistema

Aportaciones laborales

Si el sistema de prestaciones por jubilación se sustenta en esas aportaciones, la ampliación de su viabilidad sólo tiene, aplicando brocha gruesa , posibilidad de recorrer dos caminos que pueden incluso llegar a ser compatibles: aumentar la edad de jubilación más allá de los 65 años, la medida más controvertida para los trabajadores, o subir el porcentaje del sueldo destinado a las cotizaciones, la más gravosa para las empresas si tienen que asumir el coste en exclusiva. Sobre la mesa hay otras reflexiones, poner freno a las prejubilaciones -la edad media real de abandono de la vida laboral se sitúa en torno a los 63,5 años-, simplificar los regímenes de cotización o inyectar recursos públicos destinados a día de hoy a otros aspectos del estado de bienestar, pero la viabilidad del sistema pasa, a tenor de las opiniones de centrales sindicales y asociaciones empresariales por incrementar los fondos destinados a la caja desde la que se distribuyen las pensiones.

recesión económica

Crisis en los planes pensiones

La crisis establece un nuevo elemento de presión a los autoridades para acometer la reforma del sistema ya que en los últimos meses se han volatilizado en todo el planeta tres billones de euros invertidos en planes privados de jubilación, casi una cuarta parte del volumen total. Fernández Ordóñez consideró en su intervención en el Congreso que es "absurdo" negar que hay un problema en el sistema público de pensiones. Es cierto que gran parte de los planes privados están ligados a la bolsa e incluso algunos han estado expuestos a las hipotecas subprime ; pero si el sistema de prestación voluntaria se resiente por la crisis, el público, patrocinado por unos gobiernos que han abierto la hucha de los ahorros, no es impermeable a la situación general.

reformas europeas

Escenario en movimiento

La tónica es similar en toda Europa. De hecho, la mayoría de los países de la Unión han acometido reformas de sus modelos de pensiones en las dos vías posibles. Alemania asegura haber reducido su gasto en pensiones con un retraso gradual de la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, una variación de dos años que ha podido surtir efecto en la locomotora europea gracias a su volumen poblacional y al alto porcentaje de inmigrantes en edad laboral, pero que parece excesivamente escasa para trasladar al Estado español.

Francia, Polonia, Finlandia y Portugal han incrementado el número de años cotizados sobre los que se calcula la pensión. La base se sitúa aquí en los últimos 15 años, un aspecto que penaliza a los trabajadores de más de 50 que se quedan sin empleo aunque su vida laboral se remonte varias décadas atrás.

En otros países como Suecia se ha apostado por aumentar las bases de cotización. Una medida que pasa por mejorar los ratios de productividad de los trabajadores e incluso ajustar salarios. Europa se mueve, España, de momento, no.

Inmigrantes y discapacitados debaten sobre la situación del empleo ante la crisis

Con el objetivo de conocer la situación del empleo en colectivos tan sensibles como el de los discapacitados, los inmigrantes o las mujeres ante la actual coyuntura económica, el Club LA NUEVA ESPAÑA de Gijón y la Cátedra Jovellanos de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo han organizado para el próximo miércoles, día 22, a las 19.30 horas, una nueva jornada de debate en el marco del ciclo «Frente a la crisis».

En la mesa redonda convocada para ese día se analizará la situación del empleo de estos sectores de población tan sensibles siempre a cualquier tipo de cambio en el mercado laboral. Intervendrán: María Antonia Chaves Valles, mujer trabajadora y empresaria; Francisco Menéndez Solís, director general del Centro Especial de Empleo de APTA, y Arancha Mouriz, de la sección inmigración de Cáritas Asturias. La entrada es libre.

El ciclo «Frente a la crisis» se presenta como un foro de encuentro donde jóvenes empresarios de la región, personas o instituciones del ámbito económico asturiano y de la Universidad puedan exponer su visión acerca de la realidad económica actual, la situación del empleo, la investigación y la creación de empresas.

En sus intervenciones, los expertos reunidos por LA NUEVA ESPAÑA y la Cátedra Jovellanos de Extensión Universitaria tratarán de ofrecer propuestas útiles que sirvan a las empresas para afrontar la situación económica actual. La primera sesión, celebrada el pasado 18 de marzo, estuvo presidida por el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor. Todos los actos están abiertos al público.

Datos

Temática

La situación del empleo en colectivos especiales. El debate se celebrará el día 22, a las 19.30 horas, en el salón de actos de la Cátedra.

Ponentes

María Antonia Chaves (mujer trabajadora y empresaria); Francisco Menéndez Solís (director del Centro Especial de Empleo de APTA) y Arancha Mouriz (Cáritas inmigración).

Multimillonaria bolsa para relanzar el empleo en Euskadi

La transferencia de las políticas activas de empleo al País Vasco, prevista en el acuerdo entre socialistas y populares para propiciar la elección de Patxi López como lehendakari, no sólo será muy posiblemente la primera de un nuevo tiempo político tras la salida de Ibarretxe. Además de romper un histórico desacuerdo entre Madrid y Vitoria, prolongado durante dos décadas, abrirá la puerta a que el Ejecutivo autónomo gestione una enorme bolsa de dinero: entre 170 y más de 400 millones de euros, atendiendo en un caso a las tesis mantenidas hasta ahora por la Administración central y en otro a los cálculos defendidos por los nacionalistas, partidarios de financiar la competencia por la vía del Concierto Económico.

El desacuerdo entre ambos gobiernos sobre los criterios para llevar a cabo la transferencia, un desencuentro que el PNV amenaza con perpetuar ahora desde la oposición, ha sido la causa de que la comunidad autónoma vasca sea la única de España que no gestiona las políticas activas de empleo, materia que abarca una amplia gama de servicios y actuaciones de apoyo a los parados y a los trabajadores. Algunas, incluso, han sido duplicadas por el Gabinete Ibarretxe en los últimos años, como el Servicio Vasco de Colocación -Lanbide-, que ha abierto ya nueve oficinas de atención a los desocupados.

Las políticas activas de empleo incluyen la intermediación laboral -recibir ofertas y demandas para cubrirlas-; la orientación de los desempleados, potenciada en los últimos meses a raíz de dispararse las cifras de paro -en Euskadi eran 121.000 a finales de marzo y, por quinto mes consecutivo, el incremento fue superior a la media española-; la formación de los desocupados para mejorar su empleabilidad; los programas que facilitan la inserción; la subvención a las contrataciones, que se lleva la parte del león; la formación continua o reciclaje de los ocupados, y las escuelas taller y casas de oficios.

Estas actuaciones son realizadas en Euskadi por el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo Inem, y a ellas dedica, según cálculos no confirmados oficialmente por el organismo, no menos de 170 millones, incluidos los gastos corrientes y de personal. Aunque cristalice la transferencia, en sus oficinas se seguirán gestionando las prestaciones de paro, que no van a ser traspasadas, y las cuotas de desempleo recaudadas a través de la Seguridad Social.

El servicio público gestiona aproximadamente 75 de cada 100 euros que se gastan en el País Vasco en políticas activas de empleo, estima el Consejo Económico y Social vasco, el CES. Otro 11% lo aporta el Gobierno autónomo, que hasta ahora ha tenido sus propias directrices, mientras que las diputaciones tienen programas que cubren el 6% y los entes locales, otro 3%. El resto, cerca del 5%, corresponde a iniciativas de sindicatos, patronales, instituciones privadas sin ánimo de lucro y centros de formación.

Dificultades

El traspaso de esta competencia, que incluye la gestión del empleo del Instituto Social de la Marina (ISM), una asignatura pendiente de los gobiernos vasco y central desde hace veinte años, permitirá a juicio de responsables sindicales y políticos de distinto signo «evitar duplicidades y mejorar la gestión».

La decidida voluntad del PSE y del PP de aceptar la gestión de esta transferencia, que Madrid ofrece desde hace años, pasa por alcanzar un acuerdo financiero que sea asumible por el Gobierno de Patxi López, un reto que entraña notables dificultades dada la enorme distancia entre lo que ha propuesto tradicionalmente la Administración central y lo que han venido reclamado hasta ahora los partidos nacionalistas.

El Departamento de empleo del Gobierno vasco, aún en manos de Eusko Alkartasuna, estima que la diferencia entre ambas propuestas podría rebasar los 200 millones, según el viceconsejero de Trabajo en funciones, Juan José Loroño, negociador directo entre ambos ejecutivos en las dos últimas legislaturas: los 170 ofrecidos y los más de 400 en los que se sitúa el techo de la transferencia, aunque esta cifra no se ha llegado a exigir en su totalidad en la última negociación.

El desacuerdo se asienta en dos capítulos. Por un lado, el Gobierno vasco estima que si aplicara la vía del Concierto Económico, Euskadi debería recibir al menos 240 millones -tras renunciar a algunas partidas, como las procedentes del Fondo Social Europeo- para políticas activas, sin incluir la formación continua ni las bonificaciones al empleo pagadas a las empresas mediante descuentos de sus cuotas a la Seguridad Social. Cifra que contrasta, asegura Vitoria, con los 125 millones que gasta el Inem al año en el País Vasco en esta materia.

El otro punto de desencuentro, también frontal, son las cuotas sociales para formación, que pagan empresarios y trabajadores. Por la vía del Cupo, esta partida alcanzaría 123 millones de euros atendiendo a los cálculos de la consejería que todavía dirige Joseba Azkarraga, una cantidad semejante a la que se recauda por ese concepto en la comunidad autónoma, mientras que por el procedimiento actual y las asignaciones directas a las empresas -que descuentan de sus cuotas a la Seguridad Social- no se alcanzan los 40 millones. Una diferencia muy importante que, a juicio de Loroño, significa que «en formación continua se nos pide un esfuerzo de solidaridad demasiado elevado».

No obstante, hay que tener en cuenta que parte de estas cuotas va destinada a formación ocupacional, que gestiona el Inem. La diferencia es de concepto, ya que mientras los socialistas sostienen que las cuotas de formación profesional son 'Seguridad Social' y, por tanto, no transferibles, los nacionalistas niegan la mayor, ya que «en la Ley de Seguridad Social no aparece la formación», asegura Loroño.

Fórmula mixta

Fuentes políticas y sindicales no descartan que, con la llegada del Gobierno de López, se busque una fórmula mixta de financiación que consistiría en aplicar el Cupo a algunas partidas y un convenio especial a otras. Hasta la fecha, la distribución de fondos para políticas activas de empleo a las comunidades autónomas ha utilizado dos criterios, la tasa de paro y el número de desempleados. En la actualidad, Euskadi tiene un nivel de desempleo más bajo -9,2% frente al 13,9% del conjunto de España-, lo que conllevaría una asignación de fondos por debajo de la que le correspondería vía Cupo.

Pero rechazar este criterio es un arma de dos filos, señalan los medios consultados, porque puede beneficiar al País Vasco cuando su tasa sea más elevada que la del resto de España, como ya sucedió a principios de los noventa o en la reconvesión de los ochenta; en ese momento, Euskadi gastaba más del 25% de todos los fondos nacionales destinados a políticas activas de empleo. Por otro lado, recuerdan sectores no nacionalistas, los criterios de solidaridad que utiliza el sistema de Seguridad Social no siempre perjudican a Euskadi, una de las regiones más ricas de España, ya que en capítulos como el de las pensiones, la comunidad autónoma llevaría varios años acumulando importantes déficits si fuera gestionada aparte, fuera de la caja común.

Zapatero: Habrá menos destrucción de empleo

Efe - Madrid - 18/04/2009

Zapatero se ha referido a la situación económica de España en su intervención ante el Comité Federal del PSOE que ratificará la lista de ese partido para las elecciones europeas del 7 de junio.

El líder socialista ha asegurado que su Gobierno ha sido uno de los más activos en el combate contra la crisis con la aprobación de una serie de medidas que están ahora empezando a desplegar sus efectos.

"Se van a empezar a notar -ha explicado- en un menor ritmo de destrucción de empleo, a pesar de que la recesión general aún no ofrece señales claras de remisión y a pesar de que seguimos inmersos en la fase aguda de la crisis".

El jefe del Gobierno ha destacado el objetivo básico de todas esas medidas de preservar la cohesión social y mantener las políticas sociales y la protección social.

"No hay hoja de ruta más segura, fiable y previsible para los ciudadanos que la que es coherente en cada momento con los principios y valores que uno profesa, esto es la que a nosotros nos ha llevado a aprovechar los años buenos para reforzar el Estado Social y, ahora, a servirnos de ese reforzamiento para transitar por este periodo difícil", ha subrayado.

A su juicio, la derecha no habría hecho ni una cosa ni otra, momento en el que ha advertido de las voces que defienden la flexibilidad laboral y reprochan el aumento del gasto público.

Frente a ellas, ha recordado que su Gobierno ha sido el primero de la democracia que consiguió superávit presupuestario durante sus cuatro primeros ejercicios y el que más intensamente redujo la deuda pública hasta situarla veinticinco puntos por debajo de la media europea.

Además, ha puntualizado que su Gobierno es socialista, y, por tanto, comprometido sobre todo con los que menos tienen, con quienes se encuentran en una situación más frágil y con quienes sin encontrarse en esa situación tienen la suficiente sensibilidad social para apreciar esa política.

"A los guardianes de la ortodoxia, a muchos políticos de la derecha tan proclives a dar lecciones -ha añadido-, les digo que nosotros, los socialistas, nos sentimos especialmente comprometidos con todos esos ciudadanos y que lo vamos a seguir estando".

También se ha dirigido a ellos para pedirles que antes de proclamar sus recetas y dramatizar sobre el gasto público y el déficit, dediquen al menos cinco segundos a ponerse en el lugar de quienes acaban de perder su empleo.

Para Zapatero, "el déficit público se va a resolver sin ninguna duda en el medio plazo, pero hay otros déficit que son irreparables".

Tras ensalzar el papel de los socialistas como principales valedores de los más afectados por la crisis, ha asegurado que le obsesiona la destrucción de empleo y la recuperación del crecimiento mediante un nuevo ritmo al que ha dicho que responde la reciente remodelación ministerial.

Zapatero ha aprovechado para elogiar la labor de los ministros salientes y la valía de los entrantes y para expresar su "estupor" por el hecho de que el líder del PP, Mariano Rajoy, haya dicho que es malo para España el Fondo de Inversión Municipal que va a permitir obras en los ayuntamientos por valor de 8.000 millones de euros.