La transferencia de las políticas activas de empleo al País Vasco, prevista en el acuerdo entre socialistas y populares para propiciar la elección de Patxi López como lehendakari, no sólo será muy posiblemente la primera de un nuevo tiempo político tras la salida de Ibarretxe. Además de romper un histórico desacuerdo entre Madrid y Vitoria, prolongado durante dos décadas, abrirá la puerta a que el Ejecutivo autónomo gestione una enorme bolsa de dinero: entre 170 y más de 400 millones de euros, atendiendo en un caso a las tesis mantenidas hasta ahora por la Administración central y en otro a los cálculos defendidos por los nacionalistas, partidarios de financiar la competencia por la vía del Concierto Económico.
El desacuerdo entre ambos gobiernos sobre los criterios para llevar a cabo la transferencia, un desencuentro que el PNV amenaza con perpetuar ahora desde la oposición, ha sido la causa de que la comunidad autónoma vasca sea la única de España que no gestiona las políticas activas de empleo, materia que abarca una amplia gama de servicios y actuaciones de apoyo a los parados y a los trabajadores. Algunas, incluso, han sido duplicadas por el Gabinete Ibarretxe en los últimos años, como el Servicio Vasco de Colocación -Lanbide-, que ha abierto ya nueve oficinas de atención a los desocupados.
Las políticas activas de empleo incluyen la intermediación laboral -recibir ofertas y demandas para cubrirlas-; la orientación de los desempleados, potenciada en los últimos meses a raíz de dispararse las cifras de paro -en Euskadi eran 121.000 a finales de marzo y, por quinto mes consecutivo, el incremento fue superior a la media española-; la formación de los desocupados para mejorar su empleabilidad; los programas que facilitan la inserción; la subvención a las contrataciones, que se lleva la parte del león; la formación continua o reciclaje de los ocupados, y las escuelas taller y casas de oficios.
Estas actuaciones son realizadas en Euskadi por el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo Inem, y a ellas dedica, según cálculos no confirmados oficialmente por el organismo, no menos de 170 millones, incluidos los gastos corrientes y de personal. Aunque cristalice la transferencia, en sus oficinas se seguirán gestionando las prestaciones de paro, que no van a ser traspasadas, y las cuotas de desempleo recaudadas a través de la Seguridad Social.
El servicio público gestiona aproximadamente 75 de cada 100 euros que se gastan en el País Vasco en políticas activas de empleo, estima el Consejo Económico y Social vasco, el CES. Otro 11% lo aporta el Gobierno autónomo, que hasta ahora ha tenido sus propias directrices, mientras que las diputaciones tienen programas que cubren el 6% y los entes locales, otro 3%. El resto, cerca del 5%, corresponde a iniciativas de sindicatos, patronales, instituciones privadas sin ánimo de lucro y centros de formación.
Dificultades
El traspaso de esta competencia, que incluye la gestión del empleo del Instituto Social de la Marina (ISM), una asignatura pendiente de los gobiernos vasco y central desde hace veinte años, permitirá a juicio de responsables sindicales y políticos de distinto signo «evitar duplicidades y mejorar la gestión».
La decidida voluntad del PSE y del PP de aceptar la gestión de esta transferencia, que Madrid ofrece desde hace años, pasa por alcanzar un acuerdo financiero que sea asumible por el Gobierno de Patxi López, un reto que entraña notables dificultades dada la enorme distancia entre lo que ha propuesto tradicionalmente la Administración central y lo que han venido reclamado hasta ahora los partidos nacionalistas.
El Departamento de empleo del Gobierno vasco, aún en manos de Eusko Alkartasuna, estima que la diferencia entre ambas propuestas podría rebasar los 200 millones, según el viceconsejero de Trabajo en funciones, Juan José Loroño, negociador directo entre ambos ejecutivos en las dos últimas legislaturas: los 170 ofrecidos y los más de 400 en los que se sitúa el techo de la transferencia, aunque esta cifra no se ha llegado a exigir en su totalidad en la última negociación.
El desacuerdo se asienta en dos capítulos. Por un lado, el Gobierno vasco estima que si aplicara la vía del Concierto Económico, Euskadi debería recibir al menos 240 millones -tras renunciar a algunas partidas, como las procedentes del Fondo Social Europeo- para políticas activas, sin incluir la formación continua ni las bonificaciones al empleo pagadas a las empresas mediante descuentos de sus cuotas a la Seguridad Social. Cifra que contrasta, asegura Vitoria, con los 125 millones que gasta el Inem al año en el País Vasco en esta materia.
El otro punto de desencuentro, también frontal, son las cuotas sociales para formación, que pagan empresarios y trabajadores. Por la vía del Cupo, esta partida alcanzaría 123 millones de euros atendiendo a los cálculos de la consejería que todavía dirige Joseba Azkarraga, una cantidad semejante a la que se recauda por ese concepto en la comunidad autónoma, mientras que por el procedimiento actual y las asignaciones directas a las empresas -que descuentan de sus cuotas a la Seguridad Social- no se alcanzan los 40 millones. Una diferencia muy importante que, a juicio de Loroño, significa que «en formación continua se nos pide un esfuerzo de solidaridad demasiado elevado».
No obstante, hay que tener en cuenta que parte de estas cuotas va destinada a formación ocupacional, que gestiona el Inem. La diferencia es de concepto, ya que mientras los socialistas sostienen que las cuotas de formación profesional son 'Seguridad Social' y, por tanto, no transferibles, los nacionalistas niegan la mayor, ya que «en la Ley de Seguridad Social no aparece la formación», asegura Loroño.
Fórmula mixta
Fuentes políticas y sindicales no descartan que, con la llegada del Gobierno de López, se busque una fórmula mixta de financiación que consistiría en aplicar el Cupo a algunas partidas y un convenio especial a otras. Hasta la fecha, la distribución de fondos para políticas activas de empleo a las comunidades autónomas ha utilizado dos criterios, la tasa de paro y el número de desempleados. En la actualidad, Euskadi tiene un nivel de desempleo más bajo -9,2% frente al 13,9% del conjunto de España-, lo que conllevaría una asignación de fondos por debajo de la que le correspondería vía Cupo.
Pero rechazar este criterio es un arma de dos filos, señalan los medios consultados, porque puede beneficiar al País Vasco cuando su tasa sea más elevada que la del resto de España, como ya sucedió a principios de los noventa o en la reconvesión de los ochenta; en ese momento, Euskadi gastaba más del 25% de todos los fondos nacionales destinados a políticas activas de empleo. Por otro lado, recuerdan sectores no nacionalistas, los criterios de solidaridad que utiliza el sistema de Seguridad Social no siempre perjudican a Euskadi, una de las regiones más ricas de España, ya que en capítulos como el de las pensiones, la comunidad autónoma llevaría varios años acumulando importantes déficits si fuera gestionada aparte, fuera de la caja común.
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