Los inmigrantes padecen menos enfermedades que los españoles y tienen hábitos más saludables

Los inmigrantes económicos, es decir, aquéllos que no provienen de la Unión Europea ni de EE UU o Canadá, padecen menos enfermedades que los ciudadanos españoles, según se desprende de la investigación 'Diferencias significativas en el uso de los recursos sanitarios en población autóctona e inmigrante en España', realizada por docentes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

Según este estudio, el 8 por ciento de los inmigrantes sufren alta presión arterial, frente al 21,64 de españoles. Además, sólo el 2 por ciento de estos ciudadanos tienen enfermedades coronarias frente al 7,73 por ciento de españoles. En cuanto al colesterol, padecen problemas al respeto el 5 por ciento de los inmigrantes frente al 16,6 por ciento de españoles.

El 2,3 por ciento de los inmigrantes económicos que viven en España son diabéticos, frente al 6,49 por ciento de españoles. En cuanto al asma, lo padecen el 3,44 de ellos frente al 5,63 por ciento de los españoles. La bronquitis la sufren el doble de españoles que de inmigrantes y la artrosis tres veces más (7 por ciento de inmigrantes frente a un 21 por ciento de españoles).

En cuanto a la depresión, la padecen el 7 por ciento de los inmigrantes frente al 14 por ciento de españoles. En cuanto a migrañas la cifra es prácticamente similar y relación las alergias, sólo hay dos puntos de diferencia. Tan solo el porcentaje de inmigrantes que padece de úlcera gástrica es superior al de los españoles (6,15 por ciento y 5,54 por ciento).

Por todo lo anterior, el estudio pone también de manifiesto que los inmigrantes se medican menos (54,08 por ciento frente a 66,91 por ciento) y también se vacunan menos contra la gripe (7,88 por ciento frente a 23,74 por ciento). Sin embargo son más propensos a la automedicación (18,81 por ciento frente a 15,45 por ciento) y consumen más medicinas alternativas (5,37 por ciento frente 4,83 por ciento).

Por otra parte, los inmigrantes también tienen unos hábitos más saludables que los españoles. Consumen menos alcohol (el 44,71 por ciento tiene este hábito frente al 56,69 por ciento) y fuman menos (el 27,73 por ciento frente al 29,65 por ciento).

Griñán cree que el empleo comenzará a crecer en 2010 y destaca el desarrollo de medidas "inmediatas" contra el paro

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, opinó hoy que el empleo podría empezar a crecer durante el próximo año 2010, y recordó que para luchar contra el paro se han puesto en marcha una serie de medidas "inmediatas" como el plan de los 8.000 millones de euros.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Griñán reconoció que la recuperación de empleo es algo que "nadie sabe" cuando se va a producir, pues se engloba dentro de una crisis "inédita y sin precedentes biográficos", lo que hace que "nos equivoquemos permanentemente" en las previsiones.

En este sentido, puso de manifiesto que el empleo "es lo último que se recupera cuando hay una crisis económica", por lo que "cuando empiece a ver que el crecimiento económico deja la recesión para convertirse en una situación de bajo crecimiento, diré que estamos ya en la línea para poder empezar a crear empleo", aunque dijo creer que ello "no va a ocurrir hasta el año que viene".

Al hilo de ello, Griñán aseveró que, actualmente y por culpa de la crisis, el paro "es un problema" en Andalucía, España y "prácticamente" en todos los países del mundo, destacando que, para luchar contra este desempleo y para el que se está produciendo en el sector de la construcción, se están tomando medidas "inmediatas", como por ejemplo el programa de los 8.000 millones de euros de empleo local.

CONCERTACIÓN SOCIAL

En este punto, opinó que la concertación social "debería mirar al punto de salida de la crisis para salir en las mejores condiciones", señalando que esta concertación "es cosa de tres, de empresarios, sindicatos y del Gobierno", aunque reconoció que por parte de la CEOE "se están poniendo sobre la mesa reivindicaciones que podrían estar en un programa máximo, pero no en este momento concreto".

Así, se refirió a la propuesta de bajar hasta cinco puntos las cotizaciones sociales, "una propuesta concreta que era muy difícil de aceptar en el diálogo social", y señaló que, a su juicio, "debería trabajarse fundamentalmente, no sólo en salir pronto de la crisis, sino en salir en las mejores condiciones".

De este modo, apostó por introducir cambios en el modelo productivo, "más que cuestiones concretas que lo que van a producir, más que una verdadera concertación, es un diálogo bilateral de enfrentamiento entre empresarios y sindicatos".

En este punto, el presidente del Ejecutivo andaluz consideró "bastante irrelevante" el debate en torno a si se van subir los impuestos y cuánto se van a subir, y señaló que "no es injusto pagar más impuestos a cambio de que las personas que están en paro reciban mayor protección".

Sancionaron 20 días sin sueldo a un chófer de Auvasa por ir a comprar Nolotil

Le dolían mucho las muelas y fue a la farmacia en el trabajo.
El Juzgado de lo Social ha dado la razón a un chófer del Servicio de Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) que fue sancionado a principios de año por ir a una farmacia durante su trabajo, según un comunicado de CC OO, recogido por Europa Press.

El fallo considera que se produjo una «desproporción» en la «sanción» por parte de la dirección, e indica que le suspendieron de empleo y sueldo 20 días por ir a comprar una caja de Nolotil a una farmacia para intentar mitigar un fuerte dolor de muelas que le mermaba en sus facultades a la hora de conducir.

El fallo, que pone de manifiesto, según CC OO, la actuación desmesurada de Auvasa, exige a la empresa que rectifique la sanción.

Tres de cada cuatro extranjeros asentados en Asturias posee un empleo

OVIEDO/MADRID. La población extranjera en España presenta mayores tasas de empleo que la población nativa, al contar con una tasa de empleo casi 12 puntos porcentuales mayor que la española, según se desprende de un estudio elaborado por EAE Business School sobre los flujos migratorios en España. En el caso de Asturias, tres de cada cuatro extranjeros posee un empleo.
Del informe se desprende además que dos de cada tres extranjeros que residen en España posee un empleo, mientras que entre la población española este ratio es de uno de cada dos.
Por comunidades autónomas, en todas la tasa de empleo es mayor entre la población extranjera que entre la española, excepto en Ceuta y Melilla, donde la tendencia se invierte. Destaca el caso asturiano, donde la diferencia entre las tasas de empleo de ambas poblaciones es de 26 puntos porcentuales, por lo que tres de cada cuatro extranjeros posee un empleo.
En cuanto al perfil de la población extranjera ocupada en España, el estudio asegura que uno de cada cinco extranjeros posee formación profesional universitaria (20,5%), mientras que el 56% cuenta con un nivel de formación de segundo ciclo de secundaria o superior.
Comparando la formación de la población extranjera con la formación de la población española, se puede afirmar que "sus niveles de formación son altos y en línea con los datos de la población nacional", según el director del Strategic Reserch Center de EAE, Mario V. González.
Sobre el origen de los extranjeros, más de la mitad que emigran por motivos laborales y económicos son latinoamericanos (50,9%), seguido por los procedentes de África y de los de países europeos no comunitarios. Latinoamérica es también la región con mayor número de población ocupada en España y representa el 48% de los ocupados extranjeros de en el territorio nacional.
El informe de EAE Business School analiza también el fenómeno inverso, y concluye que uno de cada cuatro parados en España es extranjero. Asimismo, destaca que los trabajadores impatriados procedentes de países no comunitarios podrían llegar hasta el 20% de los extranjeros con permiso de residencia en España.

Ceclor propone flexibilizar el mercado laboral para salir de la crisis

La Confederación de Empresarios de la Comarca de Lorca (Ceclor) ha propuesto flexibilizar el mercado laboral, facilitar el acceso de las empresas a la financiación y reducir el impuesto de sociedades como medidas para salir de la crisis económica que afecta al sector.
Su presidente, Pedro Cazorla, ha considerado que estas son algunas de las medidas exigibles al Gobierno central para que los empresarios puedan remontar la crisis, junto a la reducción de las cuotas a la Seguridad Social.
Cazorla también ha demandado al Ejecutivo socialista que se incentive la productividad de las empresas, y ha opinado que "en un contexto como el actual no se deben subir los impuestos".
Para Cazorla, el anuncio de una subida impositiva "choca con las recomendaciones del Banco Central Europeo y de la OCDE, que desaconsejan subidas tributarias y abogan por contener mejor el gasto".
El jefe de la patronal ha opinado que una subida de dos puntos en el IVA "provocará un menor consumo, una subida de los combustibles, que afectará directamente a la competitividad de las empresas, y el incremento de las plusvalías, que incidirá en el número de transacciones, desde el punto de vista patrimonial y accionarial".
"La recuperación de ingresos por parte del Estado debe producirse por la vía del incremento de la actividad", dada la "situación de endeudamiento brutal de las empresas", ha añadido.
Asimismo, ha pedido al Gobierno central que elimine "la incertidumbre" en política hidrológica, que concrete "de manera definitiva" las infraestructuras ferroviarias para la región de Murcia y que "retome el diálogo social".
Según Cazorla, "la negación de la crisis" por parte del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha sido "uno de los principales problemas" que han afectado al sector empresarial, y el plan E de obras públicas "no ha sido la solución" para que áreas como la de la construcción superen el bache, ya que es "sólo algo paliativo".

La patronal prevé que no se cree empleo hasta dentro de cinco años

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) prevé que hasta 2014 la economía española no empezará a crear empleo neto. La patronal afirma que la salida de la crisis en España será "lentísima" porque no hay nuevas locomotoras económicas. Asimismo, considera que la Ley de Economía Sostenible es sólo "una nube de humo" tal y como recoge la página web Eleconomista.es. Esta consideración de los empresarios se avanzó en la reunión de la Junta Directiva de la CEOE del pasado miércoles, en la que se habló del crecimiento de las grandes economías mundiales a excepción de la española y la irlandesa.
Para la CEOE esta situación "puede ser muy grave para España", ya que señalan que el crecimiento de la actividad económica mundial supondrá subidas en la inflación, los tipos de interés y el precio del petróleo, y por lo tanto un encarecimiento de la deuda exterior, subidas de precio y caídas de la renta y el consumo en España. Los empresarios se muestran escépticos ante la Ley de Economía Sostenible que el Gobierno prepara como nuevo modelo económico y señala que el problema de esta iniciativa es "su inoportunidad temporal". En opinión de la patronal la tramitación de este proyecto de ley supone un restraso en la aplicación de medidas hasta principios de 2011.

Los trabajadores de Roca de Alcalá piden empleo estable y el fin de la política de deslocalización

Alcalá de Henares (EFE).- Los trabajadores de la fábrica de sanitarios Roca de Alcalá de Henares han pedido a los propietarios de la multinacional que se comprometan con el empleo estable y pongan fin a la política de deslocalización.

Esta petición la han hecho pública a través de un manifiesto que tiene por objeto que la ciudadanía de Alcalá conozca y entienda la situación en la que se encuentran, después de que la compañía anunciara en julio un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 713 trabajadores de toda España.

En el mismo han señalado que el ERE destruirá el 30 por ciento de los empleos directos de la factoría de Alcalá de Henares, cifra que se multiplicará en el caso de los empleos indirectos.

Ante su situación actual, los trabajadores de Alcalá han recordado a "la familia Roca" que se han enriquecido gracias al "trabajo, esfuerzo y conocimientos de la sociedad alcalaína y española", lo que les ha permitido ser "una multinacional puntera y líder en su sector".

Los empleados lamentan que, ahora, "cuando bajan los beneficios", los propietarios "pretenden eliminar los puestos de trabajo que generaron su expansión".

En opinión de los trabajadores, "es la hora" de que la factoría "revierta sobre los alcalaínos lo que de ellos sacó".

Por ello, han reclamado en el manifiesto que Roca "recupere para España la inversión y la tecnología, establezca un compromiso de permanencia con el empleo estable y abandone la política de deslocalización", que utiliza "la precariedad laboral como argumento para incrementar sus beneficios".

Asimismo, han exigido que no se pierda "ni un solo puesto de trabajo más en Alcalá de Henares, ni de Roca ni de ninguna de las empresas subcontratadas que trabajan junto a los trabajadores de Roca".

Además, los trabajadores alcalaínos han destacado que cuentan con el apoyo de la corporación municipal en pleno, puesto que los grupos políticos entienden que la empresa Roca está ligada a la ciudad complutense.

Por todo ello y con "la ayuda de las instituciones, de los ciudadanos de Alcalá y con la resistencia de los trabajadores de Roca", el ERE se tiene que "derribar", han concluido.

Multitudinaria manifestación en defensa del trabajo en Opel

Miles de personas y toda la clase política aragonesa han mostrado su apoyo a los trabajadores de la planta de General Motors de Figueruelas, en una manifestación que ha recorrido las principales calles de Zaragoza y durante la cual se ha rechazado de forma rotunda el plan industrial de Magna.Ç
La marcha ha estado encabezada con una pancarta con el texto: "Opel y auxiliares: por un plan industrial viable. Significa empleo y futuro para Aragón", tras la cual se han situado los representantes sindicales de la compañía automovilística y los líderes de UGT y CCOO en Aragón, Julián Lóriz y Julián Buey, respectivamente.

La manifestación ha comenzado a las 12.00, en la plaza San Miguel, y durante la misma los trabajadores han coreado consignas como "Esta lucha la vamos a ganar", "Europa escucha, Aragón está en la lucha", "Si esto no se apaña, caña, caña, caña", "Si esto no se arregla huelga, huelga, huelga", "Escucha Detroit, la lucha empieza hoy" o "Más empleo, menos planes".

A la protesta se han sumado representantes de los partidos políticos aragoneses (PSOE, PP, PAR, CHA e IU) y del Gobierno autonómico, por medio de los consejeros de Economía, Alberto Larraz, e Industria, Arturo Aliaga, y el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch.

Esta es la primera gran manifestación que convocan los trabajadores de la factoría zaragozana desde que se conociera el plan industrial planteado para las plantas europeas de GM por la compañía de componentes Magna, con la que la multinacional automovilística estadounidense ha llegado a un acuerdo para venderle el 55 por ciento de su negocio europeo.

Para Figueruelas, supondría perder casi 1.700 de los 7.500 empleos que tiene, el trasladado a Alemania del ensamblaje del Corsa tres puertas y parte del modelo de cinco, así como de la sección de prensas, y cerrar una línea de producción.

La marcha, que se ha desarrollado sin incidentes, ha concluido en la plaza Aragón de la capital aragonesa con la lectura de un manifiesto, con el que se ha alertado de que el plan de Magna "puede significar el principio del fin de la industria del auto en Aragón" y esta Comunidad "no se lo puede permitir".

"Con un plan industrial acorde a las dimensiones de la planta y a la productividad demostrada, y basado en criterios económicos e industriales, y no políticos, Opel seguirá siendo la locomotora que arrastre al resto hacia la estación. Si se para la locomotora nadie llegará al destino", señala el comunicado.

La culpa es de GM

Los trabajadores responsabilizan a General Motors de esta situación, que "ha claudicado ante las presiones y chantajes del poderoso Gobierno alemán" y respecto a Magna, el comité de empresa ha advertido de que "nadie piense que si este inversor se va, las cosas van a ser mejores".

"Esa situación nos pondría al borde de la quiebra salvo que alguien viviese alguien y pusiese dinero", y en caso contrario "las consecuencias podrían ser incalculables", y entre ellas figura "la desaparición como grupo automovilístico".

El presidente del comité de empresa, José Juan Arceiz, que ha leído el manifiesto, ha agradecido la participación y el apoyo mostrado por toda la sociedad y por representantes de partidos políticos, instituciones y asociaciones de diferente índole, al tiempo que ha afirmado que los participantes superaban los 40.000.

Los políticos, muy presentes

El Gobierno autonómico y toda la clase política aragonesa han asistido a la manifestación y todos han coincidido en que queda un largo y difícil camino de negociación, durante el cual es necesario mostrar la unidad de todos.

El consejero de Economía, Alberto Larraz, ha hecho hincapié en que el proceso "va a durar dos meses" y en este tiempo se va a tratar de "minimizar los daños que pueda generar este plan de reestructuración", mientras que el titular de Industria, Arturo Aliaga, ha manifestado que ésta es una "planta estrella" y no se entiende que se contemple derivar producción a otras factorías alemanas.

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, se ha mostrado convencido de que es necesaria la implicación personal y el liderazgo del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, si se quiere intentar ganar una batalla que "no va a ser en ningún caso fácil".

La secretaria general del PP-Aragón, Rosa Plantagenet, tras transmitir todo su apoyo a los trabajadores de GM y a las empresas auxiliares, ha denunciado "la inactividad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero", ya que "ha estado ausente en las negociaciones", mientras que Nieves Ibeas, presidenta de Chunta Aragonesista (CHA), ha opinado que no se debe perder "la mínima oportunidad de pelear por lo que es nuestro".

En este sentido, el coordinador general de IU-Aragón, Adolfo Barrena, ha exigido al Gobierno de Zapatero y al de Marcelino Iglesias que "se recupere el tiempo perdido" y tengan en cuenta que "toda la ciudadanía exige implicación y compromiso".

También han participado los máximos dirigentes de UGT y CCOO en Aragón, Julián Lóriz y Julián Buey, quienes han coincidido en que ha sido una "manifestación magnífica" que va a "convencer a GM de que tiene que tener compromiso con Figueruelas", aunque será necesario un "trabajo duro, largo y complejo".

Toxo avisa de que la tasa de paro llegará "rápidamente" al 20% si desaparecen los estímulos públicos

MADRID. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, advirtió hoy de que España alcanzará "rápidamente" una tasa de paro del 20% (ahora se halla en el 17,9%) si desaparecen los estímulos económicos puestos en marcha desde el sector público.
Toxo, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, señaló que, aunque es posible que esa cifra vaya a alcanzarse, hay "formas de impedirlo", y para ello las administraciones públicas tienen un papel importante que desempeñar, no sólo dando protección a los más debilitados por la crisis, sino también activando medidas para la dinamización de la actividad económica.
En este sentido, el dirigente sindical confió en que los estímulos que decidan ponerse en marcha en España sean el "acompañamiento" a decisiones que tomen los gobiernos durante la próxima Cumbre del G-20 en Pittsburg.
Preguntado por si es posible recuperar el diálogo social tras la ruptura producida en julio, Toxo afirmó no saber si será posible, pero insistió en que, sin lugar a dudas, es "necesario".
De hecho, confirmó que su sindicato está haciendo esfuerzos en este sentido preparando una propuesta relacionada tanto con el diálogo bipartito que mantienen sindicatos y empresarios en negociación colectiva como con el tripartito, en el que están agentes sociales y Gobierno.

NO A LAS REFORMAS IMPUESTAS.
Para Toxo, el diálogo social resulta imprescindible, máxime si se tiene en cuenta que la situación del empleo, "lejos de mejorar, probablemente empeorará en los próximos meses", y la recesión económica se mantendrá "al menos durante el primer semestre de 2010, si no se prolonga un poco más".
"Por eso es imprescindible el acuerdo, porque las reformas que se impulsen, aunque aparentemente de menos calado, si llegan del consenso serán más eficaces que pretendidas grandes reformas que lleguen desde la imposición", subrayó.
En cuanto a si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tomado partido por los sindicatos en el diálogo social, Toxo aseguró no haber percibido eso, y se limitó a decir que lo que sí ha visto es una posición "extremista" de parte de las organizaciones empresariales, particularmente de la CEOE.
Eso no quita, precisó, para que CC.OO. se haya mostrado "tremendamente crítica" con la posición que defiende el Gobierno tanto "por su carencias e insuficiencias como por la falta de coordinación e intensidad en sus políticas".

Corbacho estima que 5.000 parados podrán cobrar este mes la ayuda de los 420 euros

MADRID. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, estimó hoy que alrededor de 5.000 personas podrán empezar a cobrar durante septiembre las "prestación proporcional" que les corresponde de las ayudas de 420 euros a parados sin subsidio, que los desempleados pueden solicitar desde el pasado 15 de agosto.
El declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, Corbacho explicó que la cifra definitiva se tendrá a final de mes, cuando se publiquen las nóminas del INEM, atendiendo a que sólo han podio acogerse aquellos que estaban en condiciones de "certificar" que se encontraban en esa situación desde el 1 de agosto.
Corbacho admitió que las personas beneficiarias de estas prestaciones estos primeros días serán "pocas" en relación con las previsiones de "600.000 beneficiarios" potenciales de las ayudas, aunque recordó que esta prestación se concede en función del día en el que su aplicación tiene efecto legal, según la fecha de la solicitud.
"A partir de finales de septiembre, entraremos en una regularidad y ahí ya nos podrá determinar el monto de futuro al que creemos que afectará la medida", recalcó Corbacho.
En cualquier caso, el número de solicitantes, que Trabajo cifra en estos momentos en 26.000, se elevará sustancialmente cuando entre en vigor la ampliación de la cobertura de las ayudas al 1 de enero, previsiblemente en el mes de noviembre, una vez finalice el trámite parlamentario del decreto ley que regula estas ayudas, que arrancará la próxima semana con el debate de convalidación.

"TODOS DEBEMOS HACER UN ESFUERZO".
Por otro lado, Corbacho eludió pronunciarse sobre el impacto sobre el empleo de la subida de impuestos que planea el Gobierno, y dejó en manos del Ministerio de Economía y Hacienda avanzar más detalles de la misma. No obstante, destacó que "todas las medidas" que ha puesto en práctica el Ejecutivo desde el inicio de la legislatura han buscado contribuir a la creación de empleo.
"Esta crisis está dejando una profunda herida en los social y aunque hay que seguir apostando por medidas activas que nos hagan salir lo antes posible de la crisis, pero por el medio está ese punto de cohesión social y solidaridad, que es donde todos debemos hacer un esfuerzo", incidió.
El ministro realizó estas declaraciones a su salida del Pleno, donde fue interpelado por el diputado del PP José Ignacio Echániz sobre la situación del paro y el empleo en España.
Corbacho insistió ante Echániz en que la principal preocupación del Gobierno seguirá siendo el paro, y admitió que, aunque los próximos meses continuarán siendo negativos para el empleo, se aprecian algunos "signos de carácter positivo".
En este sentido, el titular de Trabajo mostró su confianza en el futuro y también en el diálogo social, que espera que pueda recuperarse pronto y acabar en acuerdo, sabiendo eso sí que ello implicará que todas las partes "se dejen algo en el camino", dijo.
El ministro indicó que la crisis actual "supera la acción de cualquier Ministerio", por lo que se debe salir de ella "globalmente", y apuntó que si en España se aplicaran las medidas alemanas de ajustar horarios laborales y no empleos entre 700.000 y 800.000 contratos se verían extinguidos.
Corbacho destacó además que, gracias a las medidas del Gobierno, los expedientes de regulación de empleo (ERE) de extinción han pasado de representar el 53% a suponer el 19,8%, mientras que, en paralelo, han aumentado los ERE de suspensión temporal, desde poco más del 40% a más del 60%.

PP: CORBACHO, "NOQUEADO".
Desde el PP, Echániz lamentó "la resignación, el fatalismo y la pasividad" del Ejecutivo socialista ante la situación del paro, y le acusó de "echar balones fuera" y de haber roto el diálogo social.
El diputado del PP dijo además que el ministro de Trabajo "está noqueado", y no ya sólo por el fuerte aumento del desempleo, sino "por su propio Gobierno", que la "ha desautorizado" en varias ocasiones.
"En una sola semana le ha desautorizado el presidente del Gobierno, el portavoz socialista en el Congreso y le ha llamado la atención la vicepresidenta del Gobierno por decir que el 20% de paro está al caer", subrayó Echániz, que afirmó que la "última genialidad" de Corbacho ha sido la de decir que no tiene la competencia ni los instrumentos para luchar contra el paro.
"Si el ministro de Trabajo no los tiene, ¿quién los tiene?", se preguntó Echániz, que advirtió de que España está ante un "cuadro de verdadera emergencia social", con 200.000 familias a punto de ser embargadas y con más situaciones de exclusión social. "Estamos volviendo a una situación de subsidios y beneficencia y mientras tanto ustedes se ponen a festejarlo en Rodiezmo con el puño del alto", aseguró.

USO pide reducir a la mitad los altos cargos públicos en vez de congelar salarios a los funcionarios

MADRID. Unión Sindical Obrera (USO) pidió hoy que, en lugar de congelar los salarios a los empleados públicos, se elabore un plan de austeridad en las administraciones públicas y se reduzca a la mitad el número de altos cargos, limitando además las retribuciones por su trabajo, que en ocasiones "puede ser desempeñado por funcionarios de carrera".
Ante la posibilidad de que se decida subir entre el 0% y el 0,8% el salario a los trabajadores de las administraciones públicas para 2010, el secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO (FEP-USO), Luis Deleito, apostó por una subida retributiva del 2%, igual a la previsión de inflación, y afirmó que no se debería asumir un incremento inferior a dicha cantidad.
El sindicato reclamó además que se contemple la inclusión de cláusulas de revisión salarial o garantía salarial, incluyendo un punto en donde se especifique que, en caso de que el IPC real sea negativo, nunca se descuente por debajo del IPC previsto.
USO ha elaborado un conjunto de propuestas para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, sabiendo que aunque la flexibilidad es necesaria, las medidas que se adopten tienen que pasar por la contención del gasto y de las retribuciones más altas.
Por ello, defiende la necesidad de poner en marcha un plan de austeridad en el sector público que contemple, entre otras cuestiones, la eliminación de la publicidad institucional y la reducción del número de cargos de confianza y de asesores de los gestores, pues sólo el salario de alguno de ellos, supone la subida salarial de 200 trabajadores o más.
Asimismo, la USO aboga por suprimir los planes privados obligatorios de pensiones existentes en las administraciones públicas, recortar el gasto corriente en todas ellas, y reducir en un 20% las retribuciones de los parlamentarios estatales y autonómicos, pues en los últimos años sus subidas han estado "muy por encima" de los aumentos generales de los empleados públicos.

El Gobierno se compromete con los sindicatos a mantener el poder adquisitivo de los funcionarios en 2010

MADRID. El Gobierno se ha comprometido hoy con los sindicatos a mantener el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios en el año 2010, tal y como aseguró hoy el propio Gobierno y los representantes de las Federaciones de Servicios Públicos de CC.OO. y UGT y el presidente de CSI-CSIF, tras el encuentro que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
De esta forma, los sindicatos mostraron su satisfacción ante la actitud del Gobierno, aunque aseguraron que, durante el encuentro, no se han tratado puntos concretos en cuanto a los salarios, como la propuesta de incremento del 1% planteada por CC.OO. y UGT para el año 2010.
Por parte del Gobierno, la secretaria de Estado de la Función Pública, Carmen Gomis, admitió que existen algunas discrepancias en algunos temas, pero confió en alcanzar un acuerdo porque "claramente" hay objetivos comunes que permitirán acercar posiciones en futuros encuentros.
Explicó que De la Vega ha propuesto un acuerdo a los sindicatos que gire entorno a tres puntos básicos: un marco de retribuciones que asegure que los empleados públicos no perderán poder adquisitivo, un plan de desarrollo del Estatuto del Trabajador Público como herramienta de modernización y una adecuación de la oferta de empleo público a las nuevas demandas y necesidades de la situación económica.

La Universidad Rey Juan Carlos ofrece un curso para la formación de especialistas en ayuda humanitaria

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid ofrece este curso un programa académico para la formación de especialistas en ayuda humanitaria, a través de un nuevo título denominado 'Especialista Universitario en Ayuda Humanitaria', que comienza a impartirse en octubre.
Así, esta oferta académica nace, según explicó el centro, porque "en un panorama desalentador para el mercado laboral, la ayuda humanitaria sigue creando empleo y es una interesante salida profesional". "Las ONG, empresas y administraciones públicas que ofertan puestos de trabajo en este ámbito exigen profesionales bien formados en áreas concretas", añadió.
Este título universitario se centrará en los ejes técnicos con mayores salidas profesionales, tanto en ONG como en las empresas y administraciones públicas, concretamente en logística de la ayuda humanitaria, finanzas, seguridad alimentaria en contextos de desarrollo; coordinación y dirección estratégica de la ayuda humanitaria.
El posgrado, que tendrá un coste de 2.500 euros, incluye aspectos "poco habituales en otros cursos de ayuda humanitaria" como la seguridad en el terreno, la gestión del estrés, la creación de empresas en países de renta media o el equipamiento logístico, la gestión presupuestaria de un proyecto o la dirección por valores de equipos multiculturales. Además, los estudiantes podrán perfilar su carrera, con supervisión especializada, "según sus intereses y capacidades".

Una norma permitirá jubilar a casi 1.500 médicos en quince años

OVIEDO. El Gobierno regional lo tiene todo dispuesto para dictar una normativa que, sobre el papel, acelerará el proceso de relevo generacional entre los médicos de la sanidad pública asturiana y podría permitir la jubilación de unos 700 facultativos en la próxima década y de casi 1.500 en los próximos quince años, sobre una plantilla total que ronda los 3.400 profesionales.Sin embargo, la medida que establecerá en los 65 años la jubilación obligatoria de los médicos -salvo determinadas excepciones que recogerá la propia norma- se topará con un obstáculo no pequeño, y particularmente severo en algunas especialidades: el déficit de profesionales, un problema de ámbito nacional que puede cobrar una notable visibilidad si, por ejemplo, la gripe A azotara con fuerza el Principado y causara un elevado volumen de bajas laborales en las plantillas de facultativos.Además, el Colegio de Médicos de Asturias ha amenazado con llevar la normativa a los tribunales si se aplica con carácter retroactivo, es decir, si se intenta jubilar a todos aquellos facultativos que en el momento en que entre en vigor ya hayan cumplido los 65 años. Según Carmen Rodríguez, presidenta del Colegio, a los profesionales que ya hayan rebasado la citada edad se les ha de permitir -si así lo desean- prolongar su actividad hasta los 70, edad a la que la jubilación ya es obligatoria. También los sindicatos profesionales, y entre ellos el de médicos (SIMPA), han anunciado que «no permaneceremos impasibles» ante lo que consideran poner «en manos del Sespa todas las posibilidades para manejar discrecionalmente el acceso, el traslado y la jubilación del personal».La norma que estipula el retiro obligatorio a los 65 años en la plantilla del Servicio de Salud del Principado (Sespa) tendrá como formato legal un acuerdo del Consejo de Gobierno. La medida ya venía recogida en el plan de ordenación de recursos humanos que el Sespa consiguió sacar adelante a finales del pasado mes de julio con el apoyo de UGT y Comisiones Obreras. La jubilación a los 65 años ya figuraba en una ley de ámbito nacional, el Estatuto Marco del Personal Sanitario, pero no podía ser aplicada en Asturias debido a la carencia de una norma regional específica. En consecuencia, la Administración sanitaria se veía obligada a conceder una prórroga en la plantilla hasta los 70 años a todos aquellos que lo solicitaban, que entre los médicos son una mayoría a causa de las ventajas retributivas que les reporta.Fuentes sanitarias señalaron a este periódico que, en principio, confían en que el mencionado acuerdo de Gobierno entre en vigor antes de que finalice 2009. El Sespa está deseando que la norma reciba luz verde, pues con ella pretende «fomentar el equilibrio y renovación de las plantillas, al tiempo que posibilitar la entrada al sistema de los profesionales más jóvenes», según justifica el plan de recursos humanos. Desde la administración sanitaria se subraya que el principal motivo de preocupación de las autoridades radica en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), cuya plantilla está especialmente envejecida y afronta, además, el reto reorganizativo que conlleva el traslado a la nueva sede de La Cadellada.Pero la Consejería de Salud admite que la situación de la profesión médica en Asturias va a exigir «una aplicación muy prudente» de la futura normativa. Y es que un estudio elaborado por la propia Consejería reconoce que 12 de las 46 especialidades que se practican en Asturias sufrirán escasez de profesionales en los próximos diez años. Y lo mismo ocurrirá con tres áreas de trabajo que no tienen rango de especialidad.Según la presidenta del Colegio de Médicos, «es un contrasentido» aplicar la jubilación obligatoria a los 65 años «cuando hay déficit de médicos y la medida va a causar un déficit aún mayor». Carmen Rodríguez matiza que actualmente «no hay déficit de médicos», sino «una previsión de déficit en determinadas especialidades» que no requiere aumentar el número de alumnos que acceden a las facultades de Medicina, sino «distribuir mejor por especialidades a los médicos que salen». Similar es la postura de Pedro Riera, decano de la Facultad de Medicina de Oviedo, quien afirma que la escasez de facultativos «no es un problema general, sino de algunas especialidades y de algunas áreas geográficas». Se trata principalmente, añade el doctor Riera, de «un problema de redistribución».Sin embargo, el Gobierno regional ha ordenado a la Universidad de Oviedo que aplique un incremento paulatino de las admisiones, hasta llegar a 150 estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2012-13. En el curso que comienza este mes, iniciarán Medicina 130 alumnos.

Empleo autónomo y asalariado en Baleares caen 14,9% y 5,8%, respectivamente

Palma. El empleo autónomo en Baleares disminuyó en un 14,9 por ciento en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2008 y el empleo asalariado cayó un 5,8 por ciento, según un informe elaborado por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT).
En el tercer informe regional AGETT del mercado laboral, la asociación destaca que Baleares es la comunidad donde más aumentó el desempleo en el segundo trimestre, con un 124,1 por ciento de subida.
El informe también revela que Baleares es la comunidad con menor porcentaje de parados de larga duración -un 17,1 por ciento- y donde más se ha reducido la tasa de paro -1,6 puntos porcentuales-, la cual, no obstante, se mantiene por encima de la media nacional.
La reducción del número de hogares con todos sus miembros activos en paro -un 8,46 por ciento- es inferior en las islas a la media nacional -un 8,68 por ciento-, al igual que la tasa de actividad, que se redujo un 66,8 por ciento frente a la media nacional, de un 60,06 por ciento.
En cuanto a los datos del conjunto de España, el informe pone de relieve que, por primera vez en la historia, la tasa de temporalidad pública (25,4%) se sitúa por encima de la temporalidad privada (25,2%) en el segundo trimestre del año.
Según este informe, la tasa de temporalidad del sector privado disminuyó en 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, mientras que la del sector público aumentó en 0,9 puntos.

La jubilación del personal sanitario antes de los 65 años reducirá su salario un 40%

El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) y el Sindicato de Enfermería (SATSE) coinciden al advertir del retroceso que el plan de recursos humanos, aprobado ayer por la Mesa General de Sanidad con los votos de CC OO y UGT, supone en los derechos laborales del personal sanitario. La portavoz del SATSE, Margot Marqués, no duda en calificar el acuerdo de «carta blanca» y José Luis Sánchez Barbero, secretario general del SIMPA, afirma que con él «el personal queda en manos de la Administración».

Las condiciones de jubilación, la jornada laboral y la movilidad centran las discrepancias de los sindicatos profesionales con el Servicio de Salud del Principado (Sespa). Sánchez Barbero, secretario general del SIMPA, que se presenta como el sindicato mayoritario en la Mesa General de Sanidad, se detuvo a analizar el primero de esos asuntos. El plan de la Administración asturiana supone, explicó, la imposibilidad práctica de adelantar la edad de jubilación, fijada obligatoriamente en los 65 años, ya que por debajo de esa edad, observó Sánchez, el trabajador verá reducido su salario en un 40 por ciento.

La secretaria autonómica del SATSE, Margot Marqués, incidió en la cuestión de la jubilación. «El Sespa puede conceder la jubilación parcial, pero el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) no la autoriza, lo que supone una importante pérdida retributiva», explicó.

«Se mantiene la jornada de 08.00 a 20.00 horas para atención primaria y se puede distribuir según considere conveniente la Administración», continúo Marqués, que también se refirió a la movilidad, «que puede ser forzosa», y a la exención de guardias a partir de los 55 años, posibilidad que no se considera en el plan recién aprobado.

El documento también impide ejercer en la sanidad privada a los médicos que desempeñen jefaturas o cargos intermedios en el sistema público.

«No avalamos ni firmamos este plan de adecuación de recursos, en el que no existe ninguna diferencia sustancial respecto al documento que nos presentaron anteriormente», declaró la portavoz del SATSE. «Este plan había generado muchas expectativas», reflexionó, lamentándose de que no se hayan cumplido. «La Administración puede hacer lo que quiera y el trabajador no obtiene a cambio ninguna mejora laboral, y no nos estamos refiriendo a mejoras retributivas, que por supuesto no contemplamos en la situación actual, sino a las condiciones de trabajo».

Por su parte, los responsables del SIMPA consideran que «el plan de recursos humanos del Sespa supone fundamentalmente una agresión al personal facultativo».

Desde que comenzó a negociarse el plan de recursos humanos de la sanidad en Asturias los sindicatos profesionales -entre los que, además del SIMPA y del SATSE, se incluyen el SAE (Auxiliares de Enfermería) y el SICEPA-USIPA (Celadores y Personal no Sanitario)- han advertido de que, de aplicarse tal y como proponía la Administración, la consecuencia sería «el deterioro de la asistencia sanitaria» pública.

Estos sindicatos, que conjuntamente se atribuyen una representación laboral superior al 70 por ciento, denunciaron reiteradamente su exclusión de la negociación y la connivencia entre el Sespa y los sindicatos UGT y CC OO, con el respaldo de los cuales ha salido adelante el plan de recursos humanos.

Dos talleres invertirán 700.000 euros para formar a 63 parados

SALAMANCA. La cualificación profesional es una de las mejores herramientas para aumentar las opciones de encontrar un empleo. Ésta es la convicción que ha impulsado el Ayuntamiento a poner en marcha el próximo otoño dos nuevos talleres de empleo que permitirán formar a 63 desempleados mayores de 25 años y con especiales dificultades para insertarse en el mercado de trabajo.

Con un presupuesto global de 669.269,7 euros, financiados por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, se pondrán en marcha los talleres denominados ‘Ayudo’ y ‘Oficios’, cuyo alumnado será femenino en un 57% debido a que las mujeres sufren una tasa de desempleo mayor que los hombres.

La primera de las iniciativas comenzará el 16 de octubre y cualificará a 15 desempleados como auxiliar de ayuda a domicilio, un oficio con alta demanda laboral. Los alumnos recibirán, además, formación en igualdad de oportunidades, técnicas de búsqueda de empleo, prevención de riesgos laborales o informática.

Por su parte, el taller ‘Oficios’ arrancará el tres de noviembre y formará a 48 parados, de los que 16 se especializarán en jardinería, el mismo número lo hará en pintura, y los restantes en carpintería metálica y PVC.

Del mismo modo que el ‘Ayudo’, este taller impartirá formación sobre igualdad de oportunidades, técnicas de búsqueda de empleo, prevención de riesgos laborales o informática.

Tras la fase teórica, los alumnos aplicarán los conocimientos adquiridos en diferentes espacios e inmuebles. En este sentido, los alumnos de jardinería efectuarán tareas de limpieza, desbroce y reforestación de la margen izquierda del río Tormes, así como el mantenimiento de los jardines del Centro Municipal de Formación y Asesoramiento Laboral ‘Miguel de Unamuno’ y de la calle La Luz.

Distintas tareas
Los participantes en el módulo de carpintería metálica, por su parte, realizarán las ventanas de la sede del área de Bienestar Social y del Espacio de Participación Ciudadana. Finalmente, los alumnos de pintura acometerán labores de pintura en los interiores y exteriores de distintos edificios, como la asociación de vecinos de San Vicente, las oficinas del área de Bienestar Social y el Centro Municipal ‘Miguel de Unamuno’, así como los colegios públicos Nuestra Señora de la Asunción, Luis Vives y Juan Jaén. Estas iniciativas se sumarán al taller de empleo y escuela taller sobre nuevas tecnologías y energías renovables, que se están desarrollando en estos momentos.

En ambos talleres participan 24 desempleados, doce hombres y doce mujeres participan en estas dos iniciativas con resultados “muy satisfactorios”, según expone el Ayuntamiento.

Sí al contrato único y fijo

La crisis económica no tiene un origen laboral. No obstante, España está sufriendo una destrucción de empleo muy superior a la observada en la mayoría de los países desarrollados. Con una tasa de paro cercana al 15%, y que podría alcanzar el 20% durante los próximos meses, es urgente atacar las causas que generan una destrucción de empleo tan intensa. Ni las medidas de estímulo fiscal ni las de fomento del empleo -por ejemplo, las subvenciones a la contratación ya aprobadas- serán eficaces si no se corrigen los principales problemas que provocan un funcionamiento tan ineficiente de nuestro mercado de trabajo.

Es deseable actuar en cuatro frentes a la vez. Por una parte, es necesario reducir la alta volatilidad del empleo generada por un mercado de trabajo dual, en el que desde hace más de dos décadas alrededor del 30% de los asalariados tiene un contrato temporal. En las fases expansivas del ciclo económico, este modelo genera una fuerte creación de empleo, si bien concentrada en sectores de baja productividad, mientras que en las fases recesivas exacerba la destrucción de empleo. Esto es así porque la regulación vigente induce a las empresas a hacer frente a las fluctuaciones económicas mediante la rotación laboral, en lugar de buscar alternativas como los cambios en la organización del trabajo.

Este aspecto se ve reforzado por el segundo problema: una negociación colectiva muy rígida, demasiado centralizada en algunos casos e insuficientemente coordinada en otros. En tercer lugar, los mecanismos de protección a los parados no alcanzan una cobertura suficiente, a la vez que en algunos casos desincentivan la búsqueda de empleo, alargando innecesariamente la duración del paro. Por último, España tiene grandes carencias en las políticas activas que persiguen ayudar a los parados en su búsqueda de trabajo.

Para acabar con la dualidad laboral es preciso simplificar el actual menú de contratos de trabajo con indemnizaciones por despido tan diferentes. Salvo por el contrato de interinidad, para la sustitución de trabajadores en baja temporal, el resto de los contratos temporales debe desaparecer. Simultáneamente debe introducirse un único contrato indefinido para todas las nuevas contrataciones, con una indemnización por año de servicio creciente con la antigüedad. La introducción de este contrato unificaría las causas del despido, manteniendo la tutela judicial para los despidos por razones discriminatorias.

Así, los trabajadores contarían con un contrato indefinido desde el principio de la relación laboral, mientras que los empresarios no se enfrentarían con la enorme brecha existente entre el bajo nivel de la indemnización de los contratos temporales (8 días de salario por año y en algunos casos incluso nada) y el alto nivel de protección de los contratos indefinidos actuales. Este diferencial es el factor inductor de la excesiva rotación. Por tanto, este contrato ayudaría también a reducir la grave desigualdad de oportunidades que sufren determinados colectivos, especialmente los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, que son los más afectados por la excesiva rotación laboral. Es posible que esta medida también favoreciese un despegue de la contratación a tiempo parcial, desalentada hasta ahora en nuestro país por el excesivo uso de la temporalidad.

PP avisa de la destrucción de 100.000 empleos hasta mayo, si el Gobierno no aplica "medidas urgentes"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Turismo del Partido Popular en el Senado, Agustín Almodóbar, acusó hoy al Gobierno de practicar una política de "indiferencia" y de no tener una política turística definida para un sector, que podría perder 100.000 empleos hasta mayo, si el Ejecutivo no pone en marcha "medidas urgentes" para garantizar su competitividad a medio y largo plazo.

Durante su intervención en el Senado, tras la comparencia del secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, Almodóbar denunció que la confianza del sector turístico se sitúa en su nivel más bajo desde 2002, por lo que no descartó que de continuar el actual deterioro económico algunas empresas puedan llevar a cabo "drásticos recortes" de plantilla.

En total, cifró en 100.000 empleos los que se podrían extinguir, lo que representa el 6% de la ocupación que emplea actualmente el sector y del que depende directamente cerca de dos millones de personas.

"Ante la situación de profunda crisis que estamos atravesando, es obligación del Gobierno actuar con prontitud e inteligencia y es su deber desarrollar planes, cuando los vientos soplan favorablemente, para no tener que lamentar después la falta de competitividad, ni la desaparición de empresas, ni la destrucción de puestos de trabajo", señaló Almodóbar.

"Usted no es sólo el responsable de la política turística, también es responsable de la primera industria exportadora española y generadora de empleo y consumo", le espetó a Mesquida.

Por ello, el senador 'popular' solicitó al Gobierno rebajas fiscales que favorezcan la competitividad de las pymes turísticas; medidas laborales, que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo; la supresión de las tasas aeroportuarias; y la aplicación de técnicas de promoción dirigidas directamente a los consumidores para promover el turismo español.

"Se están destruyendo empleos todos los días en este sector y éste se puede ir al traste si no se toman medidas de forma urgente", apuntó Almodóbar, quién aseguró que es uno de los sectores más afectados por el desempleo.

El portavoz del PP lamentó que el Ejecutivo "se esté aprovechando la inercia de la coyuntura internacional, pero no esté construyendo las bases para lograr el éxito a medio y largo plazo". "El Gobierno no se ha preocupado en dinamizar el sector más competitivo de la economía española y en el que siempre hemos ostentado posiciones de liderazgo", afirmó.

Como receta, Almodóbar propuso centrarse en los mercados tradicionales europeos, antes de que otros países, directamente competidores de España en materia turística, "se lleven una porción sustancial del mercado turístico español".

Así, recordó que el 66% de los turistas que recibe España procede del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, "lugares cercanos y de fácil conexión", por lo que abogó por promocionar la oferta española en estos mercados, frente a otros países lejanos. "Lo que el sector turístico necesita en este momento son proyectos a corto plazo", insistió.

"IMPRESCINDIBLE" REDUCIR TASAS AÉREAS.

Sobre la cuestión de las tasas, cuestión que no depende de las competencias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sino del Ministerio de Fomento, Almodóbar afirmó que la rebaja de las mismas es "fundamental" para impulsar el turismo, por lo que hay que emprender acciones que eviten la pérdida de enlaces aéreos con España.

"Volar en España resulta muy caro y es el país con las tasas más elevadas", aseguró el senador 'popular', quién consideró "imprescindible" reducirlas, medida que ya ha sido apoyada por un informe relativo al impacto del turismo en el desarrollo de las regiones costeras.

Empleo, ¿Apto para mayores de 65 años?

Un trabajador de edad avanzada limpia el símbolo del euro situado frente a la sede del BCE en Frankfurt.

asier diez mon

¿Tendrán pensión de jubilación los que trabajan hoy? ¿Será necesario trabajar más allá de los 65? La duda, alimentada por el incesante envejecimiento de la población y avivada esta semana por la polvareda ocasionada por las declaraciones del gobernador del Banco de España, planea sobre las personas que han ingresado en el mundo laboral los últimos años como si todas ellas estuvieran condenadas a resignarse a la materialización de un destino escrito que les conduce a un futuro sin prestaciones.

La respuesta oficial del Gobierno español -las pensiones están garantizadas hasta 2030 , pese a las reservas que ocasiona la crisis y la reducción de la previsión de ingresos en la Seguridad Social- exprime toda la ambigüedad que se le supone a una cuestión anclada a aspectos tan imprevisibles como la evolución de los ratios de natalidad, la llegada de inmigrantes o el constante incremento del umbral de mortalidad.

La fecha suena lo convenientemente remota para ser tranquilizadora a pesar de proyectarse a tan sólo 21 años vista. Ese horizonte adquiere un tono más grisáceo si se hace la sencilla operación de sumar cuántos ciudadanos de la comunidad vasca y navarra se jubilarán en torno a ese año. A efectos prácticos unos 700.000 vascos que a día de hoy están en condiciones de trabajar no tienen garantía de cobrar pensión una jubilación.

horizonte 2030

¿Pensiones garantizadas?

¿Qué sucederá además a partir de 2030 con los que ya sean pensionistas si el aumento de la esperanza de vida hace que lógicamente se cobre la jubilación durante más tiempo? Si bien no existe consenso entre los agentes sociales a la hora de trazar el horizonte de viabilidad del sistema -por qué no situarlo en 2035 o en 2025, como ha hecho Miguel Ángel Fernández Ordóñez, si se agravan los lastres del modelo-, sí hay una lectura compartida en torno a la necesidad de reformar el modelo.

De hecho, la postura relativamente pasiva del Ejecutivo central resalta que el principal problema para abordar esa modificación no son los plazos o la proyección en el tiempo del actual superávit de la Seguridad Social (53.000 millones, según el ministro de Trabajo), sino que obedece más a las notables diferencias que separan a patronal y sindicatos, los actores más importantes en una red asistencial que se nutre de las cotizaciones aportadas por trabajadores y empresarios.

El Gabinete Zapatero no quiere entrar en ese terreno. Mientras el ministro de Fomento, José Blanco, amaga pero no golpea con una afirmación extemporánea -se puede trabajar más allá de los 65- acompasada con otra más conservadora -ahora no toca explorar esa posibilidad-, el ministro de Empleo, Celestino Corbacho, "discrepa radicalmente" con el análisis que hace Fernández Ordóñez del sistema y sin embargo no se pronuncia en concreto respecto a la posibilidad de retrasar la edad de jubilación.

base del sistema

Aportaciones laborales

Si el sistema de prestaciones por jubilación se sustenta en esas aportaciones, la ampliación de su viabilidad sólo tiene, aplicando brocha gruesa , posibilidad de recorrer dos caminos que pueden incluso llegar a ser compatibles: aumentar la edad de jubilación más allá de los 65 años, la medida más controvertida para los trabajadores, o subir el porcentaje del sueldo destinado a las cotizaciones, la más gravosa para las empresas si tienen que asumir el coste en exclusiva. Sobre la mesa hay otras reflexiones, poner freno a las prejubilaciones -la edad media real de abandono de la vida laboral se sitúa en torno a los 63,5 años-, simplificar los regímenes de cotización o inyectar recursos públicos destinados a día de hoy a otros aspectos del estado de bienestar, pero la viabilidad del sistema pasa, a tenor de las opiniones de centrales sindicales y asociaciones empresariales por incrementar los fondos destinados a la caja desde la que se distribuyen las pensiones.

recesión económica

Crisis en los planes pensiones

La crisis establece un nuevo elemento de presión a los autoridades para acometer la reforma del sistema ya que en los últimos meses se han volatilizado en todo el planeta tres billones de euros invertidos en planes privados de jubilación, casi una cuarta parte del volumen total. Fernández Ordóñez consideró en su intervención en el Congreso que es "absurdo" negar que hay un problema en el sistema público de pensiones. Es cierto que gran parte de los planes privados están ligados a la bolsa e incluso algunos han estado expuestos a las hipotecas subprime ; pero si el sistema de prestación voluntaria se resiente por la crisis, el público, patrocinado por unos gobiernos que han abierto la hucha de los ahorros, no es impermeable a la situación general.

reformas europeas

Escenario en movimiento

La tónica es similar en toda Europa. De hecho, la mayoría de los países de la Unión han acometido reformas de sus modelos de pensiones en las dos vías posibles. Alemania asegura haber reducido su gasto en pensiones con un retraso gradual de la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, una variación de dos años que ha podido surtir efecto en la locomotora europea gracias a su volumen poblacional y al alto porcentaje de inmigrantes en edad laboral, pero que parece excesivamente escasa para trasladar al Estado español.

Francia, Polonia, Finlandia y Portugal han incrementado el número de años cotizados sobre los que se calcula la pensión. La base se sitúa aquí en los últimos 15 años, un aspecto que penaliza a los trabajadores de más de 50 que se quedan sin empleo aunque su vida laboral se remonte varias décadas atrás.

En otros países como Suecia se ha apostado por aumentar las bases de cotización. Una medida que pasa por mejorar los ratios de productividad de los trabajadores e incluso ajustar salarios. Europa se mueve, España, de momento, no.